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La clase política y los gobernantes de todos los partidos políticos han optado por intensificar la estrategia de contrainsurgencia como política de Estado para asegurar que la crisis política no desemboque en el derrumbe del sistema político. A la militarización de las instituciones públicas, no sólo las policiacas, se agrega la presencia del Ejército en las calles de lasciudades y se intensifica en las zonas rurales; además, se reorganiza el sistema de inteligencia política y espionaje como en los tiempos de la guerra sucia (servicio secreto, escuadrones de la muerte al estilo de la brigada blanca), pretendiendo con ello más eficacia para someter y controlar a la población.
En el Distrito Federal el gobierno del PRD da el siguiente paso y, siguiendo la política deAndrés Manuel López Obrador de tolerancia cero, establece su propia militarización en las calles de la ciudad; el gobierno panista de Calderón hace lo propio en los territorios donde se manifiesta la insubordinación de los pueblos y comunidades con el pretexto del combate al narcotráfico. Al mismo tiempo se imponen reglamentos y leyes estatales para legalizar la represión y el despojo detierras, bosques, lagos y ríos. Es el caso de Jalisco con la Ley Indígena, la reglamentación del Servicio Secreto Policiaco y la Ley de Patrimonio Cultural y Natural.
Grave y peligrosa es la situación que desde la alternancia gubernamental del año 2000 se ha suscitado al mantener una abierta contradicción entre el discurso de respeto al estado de derecho y la flagrante violación del mismo: violación ala Constitución en su artículo 115 con el caso de la expropiación de tierras comunales; al convenio 169 de la OIT en el caso de la Ley Indígena; al artículo 25 de la Ley Reglamentaria sobre el Estado Laico; al artículo 123 constitucional en el caso de la violación a los cumplimientos de salario digno, vivienda y seguridad social en general; así como en lo que respecta a los artículos de laConstitución (1, 2, 6, 7, 8, 9 y 16) que garantizan la libertad de las personas y sistemáticamente son violados por todo tipo de burocracias, instituciones de seguridad e inteligencia política o grupos de seguridad privada y paramilitares; todas, muestras de la falta de un verdadero estado de derecho en nuestro país.
Ante esta situación se plantean diferentes interpretaciones e iniciativas de acciónpolítica. Pero si nos preguntamos acerca de si el Estado está en crisis como forma de relación social capitalista o sólo pasa por un proceso de reestructuración que se adapta a la estrategia de los capitalistas, en el sentido de convertirse en un Estado policiaco militarizado que pretende proteger los intereses de acumulación de riquezas, sin importar los costos ni los riesgos para el propiosistema capitalista, independientemente de la conclusión a la que lleguemos, seguramente tendríamos que considerar las posibilidades que se tienen de generar una alternativa de emancipación y autonomía como sociedades y pueblos que conformamos al México de abajo y dejaríamos de estar pensando desde la lógica y la perspectiva del propio sistema de dominación.
En ese sentido, el movimiento de rebelióny resistencia, en todas sus expresiones, que lucha por justicia, democracia y libertad, tiene en la reivindicación del respeto a los derechos humanos y el derecho a una vida digna para todos los mexicanos una coyuntura importante. La lucha contra la represión, desaparición, tortura y por la libertad de manifestación, ha sido una constante; se ha logrado mantener la memoria sobre losacontecimientos durante el último periodo histórico del siglo XX (1968-2000) y hasta el presente. En Jalisco se sigue exigiendo tanto la presentación de 37 desaparecidos que el gobierno secuestró por motivos políticos en la década de los 70, así como castigo para los responsables de la represión del 28 de mayo de 2004 por órdenes de Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco y hoy secretario de...
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