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“La séptima papeleta”


Durante la fase final del trámite de la reforma constitucional promovida por el gobierno del presidente Virgilio Barco se propuso, en diciembre de 1989, convocar a un"Referendo extraordinario por la paz y la democracia" que debería realizarse el 21 de enero de 1990 para consolidar los acuerdos de paz con el movimiento insurgente del M-19. La presión violenta delnarcotráfico aprovechándose de esta consulta hizo que el pueblo se pronunciara también sobre la extradición, esto obligó al gobierno a hundir la totalidad del proyecto.

De la necesidad de unaAsamblea Constituyente se venia hablando en los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza en el Diálogo Nacional pactado por el M-19 y el EPL con el gobierno deBelisario Betancur. El 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de diálogo y concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de lareforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera "la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social".

Los estudiantes de varias universidades del paísimpulsaron la inclusión de una "séptima papeleta" en las reuniones del 11 de marzo de 1990 para apoyar la convocatoria a una asamblea constituyente, a pesar de que este mecanismo de reformaconstitucional no estaba autorizado en la Constitución y contrariaba expresa prohibición constitucional (artículo 13 del plebiscito de 1957). El respaldo a esta iniciativa por algo más de dos millones de votos queinformalmente fueron escrutados, creó una situación de facto que el gobierno implementó mediante el decreto 927 de 1990, por el cual se facultó a la organización electoral para contabilizar los votosque se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo para expresar apoyo o rechazo a la posibilidad de convocar una asamblea encargada de reformar la Constitución.




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