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El juzgado de lo Social número 16 de Valencia ha condenado a la Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados (UDP) de Valencia y a la vocal y coordinadora de estaentidad a indemnizar con 30.000 euros a dos trabajadoras que sufrieron acoso moral, es decir, "continuos gritos, quejas y amenazas", durante aproximadamente dos años. Segun la sentencia, facilitada porel Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), junto a la indemnización se ordena el cese inmediato del comportamiento de acoso y la reposición de la situación al momentoanterior de producirse el mismo. Contra esta resolución cabe recurso.

Las dos víctimas, con categoría una de ellas de trabajadora social, y la otra oficial administrativa, interpusieron suscorrespondientes demandas contra la federación, la vocal y coordinadora de los trabajos, y el presidente. Estos dos últimos son un matrimonio. Las trabajadoras, quienes llevaban en la empresa desde enero ynoviembre de 2010, respectivamente, alegaron que la coordinadora de sus puestos les daba órdenes arbitrarias, encargos de recados o faenas ajenas al trabajo, y posteriores quejas por no haber realizados lasfunciones de supuesto de trabajo. Asimismo, mantuvieron que recibían continuos gritos y quejas, órdenes arbitrarias de repetición de trabajos ya hechos, "insultos tales como inútil o tonta, y amenazas"como "te pego una punyà que t'esclafe".

El presidente de la federación, a quien en ocasiones también se dirigía con gritos su mujer y vocal, estaba presente normalmente cuando se producían estoshechos, sin que adoptara ninguna medida para evitarlos, según consta como probado en la sentencia. En enero de 2012, las dos mujeres y otros dos empleados se reunieron con el presidente para plantearlelas quejas por la conducta de la coordinadora, y éste les comentó que su esposa estaba "mal" y les pidió que tuvieran paciencia con ella.

Una de las víctimas se cogió la baja en febrero de 2013,...