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Páginas: 9 (2099 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2012
Recomendaciones sobre aspectos básicos a tener en cuenta por el profesional contra quien se dicte una orden de allanamiento del estudio profesional
Este documento está basado en el artículo resumido por el Dr José Urriza a partir del documento preparado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, con aportes de la Dra. Teresa Gómez y el Dr. Jorge Gil, y publicadoen la Revista Imagen Profesional N° 66 de la FACPCE, al cual se la han hecho unos pocos agregados.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa preparó hace tiempo un documento titulado "Instructivo de medidas básicas a tener en cuenta por el profesional contra quien se dicte una orden de allanamiento", que contiene aspectos legales y jurisprudenciales aplicables, losrequisitos que debe reunir la orden judicial, el procedimiento de allanamiento y las causas de nulidad del allanamiento, entre otros aspectos, así como sugerencias para el profesional. El texto completo de este documento se puede consultar en INFOPRO. Se transcriben aquí algunos de sus contenidos.
Válido resulta destacar que las leyes 25434 (B.O.19/6/2001) y 25760 (B.O. 11/8/2003)introdujeron importantes modificaciones en el Título III, Capítulo II del Código Procesal Penal de la Nación, por ello recomendamos la lectura de los artículos 224 a 230 bis de la norma citada.
1. Medida de allanamiento
Es una medida coercitiva judicial de carácter extremo, ya que limita la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio (artículo 18 C.N.). Siempre debe estarordenada en el marco de un proceso judicial y "manada" por Juez competente.
Para su procedencia en materia tributaria es necesario que se encuentre acreditado, una resistencia o negativa (reiterada) al organismo fiscalizador de compulsar la documentación del contribuyente (esta negativa implica que se hayan agotado las instancias administrativas de requerimiento tal como lo indica elartículo 35, inc. 1). La jurisprudencia en autos "C.N.A.C.A.F., Sala II, "Fisco Nacional (D.G.I.) C/S/.M.Q. s/Allanamiento" 8/3/94" ha sostenido que la atribución de recabar órdenes de allanamiento procede ante la mera negativa de acceso a la documentación, sin que sea necesario que exista una presunción de fraude o evasión fiscal, debiéndose demostrar sumariamente para su ejercicio, la urgenciafundada en producir el allanamiento en razón de las circunstancias particulares de cada caso.
Su procedencia en materia tributaria está prevista en dos leyes, a saber: en el art. 35 de la ley 11683 y en el art. 21 de la ley 24769. En ambos casos se tratará de la misma medida de coerxión real: “registro domiciliario y requisa personal” previsto en el art. 224 del Código Procesal Penal de laNación.
La ley 11683, art. 35, inc. e) establece la facultad de solicitar orden de allanamiento, pero no especifica en qué momento. Se deduce del texto del inciso, en su juego armónico con las facultades de verificación y fiscalización, que tal medida será utilizada cuando exista una reiterada resistencia por parte del contribuyente a ser fiscalizado.
La ley penal tributaria yprevisional (24769) establece que cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organismo recaudador podrá solicitar al juez penal competente como medida de urgencia toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo deaquellos.
Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente
Reciente jurisprudencia de la C.N.A.P.E. a través de su sala A y en autos “Maycar s/inf. Ley 24769” (10/10/2007) convalidó el allanamiento practicado sin que exista denuncia formal penal...
Este documento está basado en el artículo resumido por el Dr José Urriza a partir del documento preparado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, con aportes de la Dra. Teresa Gómez y el Dr. Jorge Gil, y publicadoen la Revista Imagen Profesional N° 66 de la FACPCE, al cual se la han hecho unos pocos agregados.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa preparó hace tiempo un documento titulado "Instructivo de medidas básicas a tener en cuenta por el profesional contra quien se dicte una orden de allanamiento", que contiene aspectos legales y jurisprudenciales aplicables, losrequisitos que debe reunir la orden judicial, el procedimiento de allanamiento y las causas de nulidad del allanamiento, entre otros aspectos, así como sugerencias para el profesional. El texto completo de este documento se puede consultar en INFOPRO. Se transcriben aquí algunos de sus contenidos.
Válido resulta destacar que las leyes 25434 (B.O.19/6/2001) y 25760 (B.O. 11/8/2003)introdujeron importantes modificaciones en el Título III, Capítulo II del Código Procesal Penal de la Nación, por ello recomendamos la lectura de los artículos 224 a 230 bis de la norma citada.
1. Medida de allanamiento
Es una medida coercitiva judicial de carácter extremo, ya que limita la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio (artículo 18 C.N.). Siempre debe estarordenada en el marco de un proceso judicial y "manada" por Juez competente.
Para su procedencia en materia tributaria es necesario que se encuentre acreditado, una resistencia o negativa (reiterada) al organismo fiscalizador de compulsar la documentación del contribuyente (esta negativa implica que se hayan agotado las instancias administrativas de requerimiento tal como lo indica elartículo 35, inc. 1). La jurisprudencia en autos "C.N.A.C.A.F., Sala II, "Fisco Nacional (D.G.I.) C/S/.M.Q. s/Allanamiento" 8/3/94" ha sostenido que la atribución de recabar órdenes de allanamiento procede ante la mera negativa de acceso a la documentación, sin que sea necesario que exista una presunción de fraude o evasión fiscal, debiéndose demostrar sumariamente para su ejercicio, la urgenciafundada en producir el allanamiento en razón de las circunstancias particulares de cada caso.
Su procedencia en materia tributaria está prevista en dos leyes, a saber: en el art. 35 de la ley 11683 y en el art. 21 de la ley 24769. En ambos casos se tratará de la misma medida de coerxión real: “registro domiciliario y requisa personal” previsto en el art. 224 del Código Procesal Penal de laNación.
La ley 11683, art. 35, inc. e) establece la facultad de solicitar orden de allanamiento, pero no especifica en qué momento. Se deduce del texto del inciso, en su juego armónico con las facultades de verificación y fiscalización, que tal medida será utilizada cuando exista una reiterada resistencia por parte del contribuyente a ser fiscalizado.
La ley penal tributaria yprevisional (24769) establece que cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organismo recaudador podrá solicitar al juez penal competente como medida de urgencia toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo deaquellos.
Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente
Reciente jurisprudencia de la C.N.A.P.E. a través de su sala A y en autos “Maycar s/inf. Ley 24769” (10/10/2007) convalidó el allanamiento practicado sin que exista denuncia formal penal...
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