Tortura en el estado de jalisco

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975.
Artículo 1.
1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual
un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflijaintencionalmente a una
persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se
considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la
privación legítima de lalibertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o
degradante.
Artículo 2.
Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una
ofensa a la dignidad humana y será condenadocomo violación de los propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 3.
Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de
guerra o amenaza de guerra,inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 4.
Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración,
medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.Artículo 5.
En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las
personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la
prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta
prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que
se publiquen en relación con los deberesy funciones de cualquier encargado de la
custodia o trato de dichas personas.
Artículo 6.
Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones
para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, a fin de
prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7.
Todo Estado aseguraráque todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen
delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen
participación, complicidad, incitación o tentativa de cometer tortura.
Artículo 8.
Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigacióndel mismo, tendrá
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del
Estado interesado.
Artículo 9.
Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura tal
como se define en el artículo 1, las autoridades competentes del Estado interesado
procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial.
Artículo 10.
Side la investigación a que se refieren los artículos 8 ó 9 se llega a la conclusión de que
parece haberse cometido un acto de tortura tal como se define en el artículo 1, se incoará
un procedimiento penal contra el supuesto culpable o culpables de conformidad con la
legislación nacional. Si se considera fundada una alegación de otras formas de trato o
penas crueles, inhumanos o degradantes,...