TRABAJO COLOMBIANO II

SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO – SALA PLENA.
En esta sentencia el Consejo de Estado, hace referencia a la soberanía que tiene el Estado para proporcionarse, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Carta Fundamental.
Conforme a la sala, dicha Asamblea es un órgano “que tiene origen en el llamado constituyente primario, de suyo soberano,y por lo tanto los actos del órgano así constituido, no tienen ningún tipo de control jurisdiccional”.

El caso estudiado en esta sentencia surgió de la acción interpuesta por el Senador Feisal Mustafá Barbosa, por medio de la cual solicitó que se declarara al Estado colombiano responsable por los perjuicios que le fueron ocasionados por el hecho de haber sido suspendido el periodo legislativo,para el cual había sido elegido como congresista.
La suspensión de los periodos de los integrantes del Congreso, se originó en el proceso constituyente que significó el nacimiento de la Constitución de 1991. En efecto, durante dicho proceso el Jefe de Estado junto con los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, suscribió el 7 de junio de 1991 un comunicado en el cual se le recomendó alos delegatarios de la Asamblea Constitucional, aprobar una disposición transitoria para la convocatoria de nuevas elecciones generales del Congreso, como finalmente se hizo el 1 de diciembre de 1991.
En la primera instancia, las súplicas de la demanda fueron denegadas. Sin embargo, es interesante el tenor de la aclaración de voto presentada por el Magistrado Benjamín Herrera Barbosa, según el cual“...la sentencia planteó sin distinciones, que una norma constitucional sobreviniente puede desconocer cualquier derecho amparado por una Constitución anterior, inscribiéndose así una prelación enteramente positiva del derecho y amparándose particularmente en el teórico Hans Kelsen, cuyas teorías no deben admitirse abiertamente”. El magistrado anota “una Constitución política de un país puededesconocer algunos derechos adquiridos por los ciudadanos antes de su vigencia, porque se trata ante todo de un hecho político, pero ese desconocimiento no puede ir más allá de los límites del derecho supranacional y jamás podrá invadir las fronteras impuestas por los derechos fundamentales, base del pacto social”.
Los planteamientos en los cuales se fundamenta la Sala en la segunda instancia, secentran en la existencia de un poder constituyente primario, que como “podersoberano que es previo e independiente del ordenamiento jurídico anterior”, puede crear un nuevo orden constitucional.
El fallo es claro en afirmar, que debido al control jurisdiccional que se puede ejercer sobre la actividad del Estado, es posible deducir la existencia de responsabilidad a cargo del mismo. Sin embargo, esecontrol sólo es posible ejercerlo “en la medida en que exista un órgano competente para hacerlo y un marco jurídico anterior, que permite el cotejo de la actuación cuestionada”.
En este orden de ideas y dadas las circunstancias fácticas que motivaron las pretensiones de la demanda, la sentencia afirma
“que en el caso no existe ni un órgano competente para ejercer dicho control, ni un marco jurídicoanterior. Por tal motivo, no es posible deducir responsabilidad al poder constituyente y la jurisdicción contenciosa administrativa o cualquier otra jurisdicción, no tienen dentro de la órbita de su competencia, la facultad de juzgamiento sobre lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente.”
Reafirmando lo anterior, se encuentra el artículo 59 transitorio de la Constitución que expresa: “...losactos promulgados por la Asamblea Nacional Constituyente, no están sujetos a control jurisdiccional alguno”.
Ahora bien, el concepto emitido por el Ministerio Público dentro de éste proceso constituye uno de los antecedentes más importantes sobre el tema específico de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador.
El Procurador Primero delegado ante el Consejo de Estado, Doctor Juan...