TRABAJO FINAL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El debido proceso administrativo sancionador en República Dominicana a la luz de la
Constitución Dominicana del año 2010, la Ley 107-13 y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional

Con las transformaciones experimentas por el derecho en nuestros días, resulta innegable
la existencia de la potestad sancionadora de la Administración. Ello porque como bien
afirma el Tribunal Constitucional delPerú “la aplicación de una sanción administrativa
constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la
Administración”1. A ese respecto,
Alejandro Nieto considera que esa potestad
sancionadora, al igual que la potestad de los jueces, es parte de un genérico ius puniendi
del Estado, que aunque único, se divide luego en estas dos manifestaciones. 2
Tras la conformación delllamado Estado de Derecho, se reconoce la importantísima
tarea de regularizar esta potestad sancionadora o como bien ha sido catalogada por algunos
autores policía administrativa o derecho penal administrativo, para que la validez de las
sanciones administrativas esté condicionada al respeto del bloque de constitucionalidad y
muy especialmente a los derechos fundamentales de las personas, conceptoúltimo que
impulsa el cambio del denominado administrado(a) al reconocimiento de la persona
simplemente en sus relaciones con la administración en la práctica jurídica dominicana. En
ese sentido, no debe sorprender que la doctrina consciente por una parte de la necesidad
complementaria de la potestad sancionad para el cumplimiento del interés público y, de
otro lado, convencidos del peligro de laarbitrariedad en que pueden incurrir las
autoridades públicas, hayan adoptado disposiciones mínimas para la aplicación de
sanciones administrativas respetando en todo momento los derechos fundamentales.
Al respecto, la doctrina peruana difiere en que para la identificación de estos principios
no se partió de la extrapolación de los ya existentes en el derecho penal, pues si bien su
denominaciónidéntica con los que subyacen en la jurisdicción represiva, estos no figuran
en el derecho administrativo como transposición de las reglas e instituciones, sino como un
esfuerzo de racionalización a partir de una base común: la seguridad jurídica y los derecho
fundamentales de los administrados. 3

1

Morón, Juan. Los Principios Limitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública en laLey Peruana. Visite:
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionado
ra_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf, Pág. 4.
2

Morales Pérez, Edgar. El debido proceso administrativo para la aplicación de los tributos en República
Dominicana. Visite:http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/2014_18_18.pdf. Pág.
64.
3

Supra nota 1, pág. 3.

1

Paralelamente, el Tribunal Constitucional español al referirse a esta cuestión nos ilumina al
expresar que4 "se trata, en suma, de la aplicación de los principios constitucionales
inspiradores de las leyes procesales penales, pero no de las normas de estas. No poseen la
misma estructura, ni se halla configurado del mismo modo, el proceso penal y elprocedimiento administrativo sancionador. Los principios del primero han de proyectarse
de manera adecuada sobre el segundo. Es una traslación con matices".
En consecuencia, se reconocieron todo una gama de principios y preceptos que entre
otros solo destacaremos el principio del debido proceso, que en sede administrativa ha sido
concebido como debido procedimiento administrativo y, que en lo adelanteconstituye la
razón de ser del presente trabajo frente al ordenamiento jurídico dominicano. Dicho cambio
de denominación, obedece a una ya superada discusión doctrinaria sobre en torno al alcance
del debido proceso, pues como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, este principio trasciende la cúspide
jurisdiccional y se proyecta en plano público...