Trabajo penal

Universidad de Carabobo

INTRODUCCIÓN
La reforma de la normativa procesal penal en Venezuela (1998) significó el cambio de un sistema mixto (escrito y oral) de corte inquisitivo por un sistema acusatorio (oral y público) que en un primer momento permitió la profundización de las garantías procesales, una cierta restauración de la seguridad jurídica de los reclusos, el mejoramiento del problemadel retardo procesal y principalmente, el otorgamiento de medidas alternativas y fórmulas de cumplimiento de pena.
No obstante, la implementación del nuevo proceso acusatorio se vio afectada por las reacciones negativas tanto de la opinión pública como de las agencias involucradas en la administración de justicia penal, induciendo a la reformulación de las instituciones procesales que en losustancial erosionó el sentido garantista del recién implementado modelo de justicia penal.
En efecto, la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (2001), posterior a su puesta en vigencia en julio de 1999, tuvo su mayor énfasis en las instituciones sobre la ejecución de la pena. El objetivo principal de la reforma consistió en el endurecimiento de los criterios para optar a los beneficios, tanto enla medida sustitutiva de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como en las medidas de cumplimiento de pena. Se redujeron los delitos sobre los que puede decretarse la medida de suspensión condicional, se aumentaron los requisitos para su procedencia en función de condiciones personales del posible beneficiario y se ampliaron las atribuciones de los funcionarios administrativos delrégimen de prueba. Asimismo, se aumentó el tiempo de privación de libertad de los reclusos para la solicitud de formas de cumplimiento de pena y se implementó un régimen desigual para los beneficiarios de acuerdo al tipo de delito por el que fueron condenados.
Por tales razones este artículo analiza diversos aspectos: el primero referido al marco teórico donde se exponen los lineamientos delgarantizo penal, en particular, los criterios específicos que delimitan la ejecución de la pena en el marco de esta corriente jurídica.
El marco epistemológico del garantismo atiende a los niveles del deber ser y del ser, mediante una serie de lineamientos políticos y axiológicos que puedan sustentar un modelo normativo idóneo que garantice la minimización de la violencia penal y permitan someter acualquier modelo de derecho penal a su deslegitimación. Entendiendo por modelo de derecho de penal al conjunto de normas y agencias involucradas en la definición, individualización, juzgamiento y castigo de las conductas delictivas.
Bajo estas consideraciones, el problema de la legitimidad y la validez del derecho penal, se identifica con los fundamentos que sustentan la racionalidad del
Estado comoente regulador de los conflictos sociales sobre la premisa del pacto constitucional. Por lo tanto, su discusión se presenta más allá del análisis de las reformas legislativas, en el examen de las concepciones (políticas y jurídicas) que se asumen como fines generales del derecho penal y los medios que se institucionalizan para lograrlos.
En un segundo momento, se hace énfasis en las reformasprocesales relativas a la ejecución penal, específicamente a los beneficios previstos como alternativas a la pena privativa de libertad y como formas de cumplimiento de pena dentro del régimen progresivo.
En tal sentido se desarrolla el marco normativo previsto para la ejecución penal, destacando los principios rectores sobre los que se sustenta la validez jurídica de la normativa relativa a laejecución penal. Al respecto, se identifican los criterios formales que constituyen el punto de referencia para determinar la legitimidad interna del Modelo de Ejecución venezolano en cuanto a la correspondencia de las normas inferiores contenidas en las leyes o reglamentos de la materia con los principios de legalidad, judicialidad, igualdad, humanidad, proporcionalidad y necesidad consagrados en...