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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS

Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta No.221

Bogotá, D. C., junio treinta (30) de dos mil once (2011).

VISTOS:

Decide la Sala sobre la impugnación interpuesta por la apoderada de CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL,contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2011 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por intermedio de la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada en busca de protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, presuntamente conculcados por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y laDirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, autoridades con sede en esa ciudad.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. De las copias que hacen parte de este trámite constitucional se pudo establecer que el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Cali mediante sentencia de abril 16 de 2008, condenó a CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL a la pena principal de treinta y seis(36) meses de prisión al ser hallado autor responsable del delito de falsedad material en documento público agravado por el uso, fallo que al ser impugnado, una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial lo confirmó.

2. El 30 de diciembre de 2010, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira con fundamento en el artículo 38 del Código Penalle concedió la sustitución de la pena de prisión intramuros por la domiciliaria, fijando como su lugar de residencia la ciudad de Cali.

3. La vigilancia y ejecución de la pena fue asignada al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, que frente a la solicitud elevada por la defensora del sentenciado para que se le concediera permiso para trabajar, mediante auto decúmplase de fecha 1° de marzo del año en curso le informó que su petición debía elevarla ante el Director del centro de reclusión que vigila la prisión domiciliaria, efecto para el cual se apoyó en los artículos 86 y 139 de la Ley 65 de 1993 y en la jurisprudencia nacional aplicable al caso, no sin ponerle de presente que:

“Sin mayores esfuerzos se infiere que no es este funcionario quien debeautorizar el permiso requerido, si no el señor Director del centro Penitenciario o Carcelario que vigila la prisión domiciliaria del peticionario, debiéndose sí por parte de este operador judicial, emitir el concepto sobre el particular, previo requerimiento de la autoridad competente, que por cierto, en este caso no ha sido requerido”.

4. En vista de lo anterior, la apoderada de CARLOS UBEIMARCHAVES CANAVAL solicitó al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali concediera al sentenciado permiso para trabajar, adjuntando para ello contrato de trabajo individual a termino definido celebrado con la empresa Ingeniería, Construcción, Servicios e Interventorías Ltda. “ICSIN”, certificado de existencia y representación legal de esta última, partida de patrimonio yregistro civil de su menor hijo, entre otros documentos.
5. El 4 de abril de 2011, la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali le hizo saber a la apoderada del sentenciado que como no acreditó las exigencias previstas en la resolución 2392 de 20061 y debido a que la Junta de Trabajo Estudio y Enseñanza sólo autorizará aquellas actividades que se realicen dentro del domicilioasignado como prisión o detención domiciliaria “no es posible atender de manera positiva su solicitud, toda vez que no se ha cumplido con los requisitos y trámite correspondiente para acceder a las actividades válidas para redención de pena”,

6. Como quiera que CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL considera las decisiones ya citadas como típicas vías de hecho recurrió al juez de tutela para que...