TRABAJO




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL





Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 94





Bogotá D. C., octubre veintisiete (27) de dos mil cuatro (2004).






VISTOS



Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el apoderado de ALFREDO ENRIQUE GONZÁLEZ ORELLANO, contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de2004 por el Tribunal Superior de Barranquilla, por cuyo medio negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, libertad, igualdad, debido proceso y “propiedad”, presuntamente vulnerados por el Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y la Comandancia de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


1. En el año de 1993, el señor ALFREDO ENRIQUE GONZÁLEZ ORELLANO, en atención a lo previsto en el artículo 107 del Decreto 2535 de la anualidad mencionada, presentó ante la Segunda Brigada del Ejército Nacional con sede en Barranquilla el “formulario de registro de armas” y consignó la suma de $106.000, con el fin de legalizar la situación de una pistolamarca Walter, calibre 7.65 y serie 55588, que no se encontraba amparada con permiso para el porte.

Con posterioridad, se expidió el correspondiente salvoconducto que fue refrendado en varias ocasiones y mediante escrito radicado en la Comandancia de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, el señor GONZÁLEZ ORELLANO solicitó se dispusiera el trámite dirigido a revalidarlo nuevamente.

2.Por medio del oficio número 005027 del 17 de junio de 2003, el Comandante (E) de la Segunda Brigada dio a conocer al citado ciudadano que no era posible acceder a lo solicitado en tanto se habían detectado algunas inconsistencias en el historial del arma de fuego, recomendándole acudir al Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las FuerzasMilitares de Colombia para aclarar la situación.

Así, dirigió tres escritos a la dependencia mencionada, la cual, a través de oficios del 2 de julio, 3 de agosto y 7 de octubre de 2003, lo requirió para efectos de que aportara los documentos que acreditaran la procedencia de la pistola y su situación legal.

3. El accionante, por conducto de apoderado, acude al mecanismo de amparoconsiderando que la omisión de la entidad accionada le vulneraba los derechos invocados.


Aduce que dado el paso del tiempo, ya no tenía en su poder la copia del comprobante de la consignación efectuada en la Caja de Crédito Agrario de forma coetánea a la presentación del formulario de registro y que “el hecho de la inicial expedición del permiso para porte y las siguientes revalidaciones,demostraban claramente” la “legalización” del arma de fuego.


Señala que “desde el momento en el que la autoridad militar, tanto en Bogotá D.C., como en Barranquilla inscribió el arma y la legalizó, los respectivos documentos acreditando el lleno de los requisitos (. . .) ingresaron a la base de datos de la autoridad militar, sin que pueda explicarse que años después de haberse legalizado y expedidolos permisos para porte se hable de inconsistencias en su historial”, no atribuibles a él por cuanto “es de incumbencia absoluta de la autoridad militar la tarea de recopilar datos” y “consolidar la base de los mismos”.


TRÁMITE DE LA ACCIÓN


Mediante auto del 23 de agosto del año en curso, la Corporación competente admitió a trámite la presente acción de tutela y ordenó vincular a lasautoridades públicas accionadas.

El Director del Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia señala que una vez verificado el archivo nacional sistematizado de armas no se encontraron anotaciones que permitieran establecer la procedencia legal del arma en cuestión y se advirtieron inconsistencias relacionadas con...