Trabajo

Además de la expedición de la ley 387 de 1997, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de instrumentos de política estatal para hacer frente a la problemática del desplazamiento, los cuales se materializan con la emisión de varios decretos, entre ellos, el 250 de 2005, actual Plan Nacional de Atención Integral a la población Desplazada.
Para garantizar el goce efectivo de los derechos dela población en situación de desplazamiento forzado y dar cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004 y los Autos subsiguientes de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional ha adelantado acciones tendientes a fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- con el fin de articular e integrar todos los esfuerzos del Estado bajo los principiosde economía, eficacia y eficiencia con miras a una atención oportuna de la población desplazada.
Por lo anterior, para superar el Estado de Cosas Inconstitucional y garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, se ha venido ajustando la política pública en los componentes de prevención y protección; atención integral; verdad, justicia y reparación, y retorno o reubicaciónde las personas desplazadas, los cuales responden a cuatro ejes transversales de capacidad institucional y sistemas de información, enfoque diferencial, participación, y articulación territorial.
Se unificó el concepto de prevención y se definieron tres momentos para prevenir el desplazamiento o para mitigar sus efectos. Prevención Temprana, Prevención Urgente, y Garantías de No Repetición.Dichos momentos responden a seis lineamientos que orientan esta política, (a) Cultura de respeto de los DDHH y DIH, (b) Goce Efectivo de Derechos, (c) Articulación Nación Territorio, (d) Enfoque diferencial, (e) Protección de bienes y personas y (f) Articulación de los sistemas de información. La implementación de esta política se realiza en el marco de los Comités Territoriales de Atención Integrala la Población Desplazada -CTAIPD- y mediante los siguientes instrumentos: Plan de Prevención, Plan Integral Único, Plan de Acción Departamental en DDHH y DIH, Plan Nacional de Consolidación Territorial, Política de Defensa y Seguridad, Sistema de Alertas Tempranas, y la ruta de protección para personas y bienes patrimoniales.





Se definieron los siguientes lineamientos: Garantizar mínimo desubsistencia, complementariedad y subsidiaridad, enfoque diferencial – rutas diferenciadas, transición al sistema de protección social del Estado. Para aplicar estos lineamientos se identificaron tres momentos específicos en la Atención Humanitaria (Urgencia, Emergencia y Transición al Sistema de Protección Social del Estado) que funcionarán bajo los principios de Correspondencia y Temporalidad.Hace referencia a la garantía de los derechos a la salud, educación, alimentación e identificación, con avances significativos en acceso a educación (77.8% de la población) y salud (83%). La alimentación se garantiza en tanto se produce la transición al sistema de protección social del Estado, y en lo que respecta a los retornos o reubicaciones rurales a través de proyectos de autoconsumo.
Estapolítica se desarrolla en dos fases. La primera es un plan de choque para la articulación de los SFV asignados con los Macro proyectos de Interés Social Nacional, la integración transitoria de las ventanillas de vivienda urbana y rural, el aumento y flexibilización del Subsidio de Vivienda, la implementación de un proyecto piloto, y la Identificación y fortalecimiento de los procesos para generaciónde oferta. La segunda fase, se desarrollara bajo cuatro estrategias: Esquema institucional para la implementación, seguimiento y evaluación de la política, Articulación de la PVPD con la política pública de atención integral a la población desplazada, Instrumentos para otorgar una vivienda digna y un hábitat saludable y Mecanismos de eliminación de barreras de acceso, costos de transacción y...