Trabajos Especiales

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Explicación: En parte tienen que cumplir con la Constitución ya que tampoco pueden hacer lo que ellos quieran.
La gestión ambiental en Venezuela está cada vez más demandada de laparticipación de los actores de la sociedad civil, sean estas organizaciones no gubernamentales ambientalistas, grupos organizados de las comunidades, pueblos indígenas y otros.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece claramente que el gobierno de la nación tiene un carácter participativo (Art. 6), lo que garantiza un espacio amplio de actuación a los grupos mencionados y alos ciudadanos particulares. El derecho a la más amplia participación de las personas se manifiesta, entre otras formas, en el derecho de acceder a la información, datos, documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas (Art. 28).
La Constitución establece por primera vez en el país, los denominados DerechosAmbientales (Capítulo IX), en el cual se establece como obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar una alta calidad ambiental para la población (Art. 127).
Igualmente, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio con base en las premisas del desarrollo sustentable, incluyendo la información, consulta y participación ciudadana (Art. 128).
Lospueblos indígenas al formar parte de la sociedad nacional participan en la vida de sus respectivos países y el uso del término "pueblos" significa el reconocimiento de su identidad específica que los diferencia de los demás componentes de la sociedad en la que están insertos, reconociendo sus características sociales, culturales y económicas propias, así como su derecho a poseer el sustentoterritorial y el hábitat que necesitan. Cuando se plantea el reconocimiento de los pueblos indígenas como "pueblos", no se interpreta en el sentido de que tenga implicación alguna en relación a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Es decir, no se plantea que el término "pueblos" implica el derecho a la separación o independencia dentro del Estado; cuestión queestá bastante clara en varias Constituciones de América Latina (México, Bolivia, Paraguay, Ecuador, y Nicaragua) y en el Convenio Nº 169 de la OIT ratificado por numerosos Estados latinoamericanos.
Se establece que las tierras y territorios de los pueblos indígenas son inalienables, imprescriptibles, indivisibles e inembargables, y que corresponde a la República conjuntamente con las comunidadesdemarcarlas y garantizar el derecho de propiedad colectiva de las mismas. Este planteamiento de garantizar las tierras y territorios indígenas como los espacios geográficos en los cuales se desarrolla la vida física, cultural, social, política, económica y espiritual de los pueblos indígenas es común a la mayoría de las Constituciones latinoamericanas.
Se incluye también una disposición queestablece la obligación de tomar medidas para proteger el ambiente en los territorios indígenas, y la posibilidad de obtener los beneficios de los recursos naturales allí existentes según sus prioridades y con la obligación de consultar y contar con el consentimiento de los pueblos indígenas sobre los programas y proyectos a ejecutarse en sus tierras, para evitar la destrucción ambiental y el deteriorode su hábitat, como garantía de su existencia como pueblos con identidad propia.
La propuesta continúa con el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su identidad étnica y cultural, su idioma, su cosmovisión, valores, espiritualidad, religión, patrimonio cultural, histórico y artístico, lugares sagrados y de culto y la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos...