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Seguimiento a Noticias de la Casa Blanca de Luis Videgaray.
La controversia comenzó el 9 de noviembre, cuando el portal de Carmen Aristegui publicó que Angélica Rivera, compró una mansión a una compañía de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, quien obtuvo contratos de obra pública cuando Enrique Peña era gobernador del Estado de México y actualmente compite enlicitaciones federales. Aquí podemos ver claramente el conflicto de intereses existente y la necesidad de legislar.
Se puede observar que la falta de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones contundentes para quienes cometan faltas, son algunos de loshuecos en la legislación sobre conflicto de interés que quedan en evidencia tras la polémica generada por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray.
Ante esta situación, Enrique Peña negó que existiera un conflicto de intereses, es decir, una situación en la que un funcionario pueda obtener un beneficio privado de su cargo público.
La polémica sobre este tema recibió un nuevo impulso el 11de diciembre de 2014, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Luis Videgaray, en octubre 2012, compró una casa a otra compañía de Grupo Higa. Al respecto, el funcionario rechazó irregularidades porque hizo la operación cuando no tenía ningún puesto y afirmó estar dispuesto a ser investigado.
Dada la situación anterior, el primer vacío que debe subsanarse es establecerque los funcionarios estén obligados a publicar sus declaraciones patrimoniales.
La norma actualmente señala que deben entregar a la Secretaría de la Función Pública la información sobre su patrimonio y el de sus cónyuges, pero están en libertad de decidir qué partes de ésta se harán públicas y cuáles no. Aquí se puede ver el vacío que hay que subsanar, se debe estableces hacer público elpatrimonio de los funcionarios públicos de manera íntegra.
La publicidad de estos datos favorecería la transparencia y ayudaría a la ciudadanía a vigilar el desempeño de los funcionarios.
Otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara sobre qué es un conflicto de interés. Hoy la norma establece que esta situación se dará cuando los intereses personales, familiares o de negociosdel servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Sin embargo, esta definición no permite identificar con claridad cuándo habrá conflictos de interés y, por ello, dificulta evitarlos.
Una recomendación muy buena seria incluir en la ley la figura de declaración de intereses, es decir, un documento similar a la declaración patrimonial, en el que en vez de queun funcionario dé a conocer qué posesiones tiene, informe en qué empresas o sectores económicos invierte. Esto impediría que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.
Sin embargo, no sólo debe definirse con claridad cuándo habrá un conflicto de interés, sino que es necesario establecer un protocolo de actuación para el funcionario que esté en riesgo de caeren él. La ley hoy no necesariamente establece las situaciones de conflicto de interés de manera muy clara. Establecer esos procedimientos permitiría que un servidor público tuviera certeza sobre cómo reportar el caso y sobre qué hacer para actuar con ética y evitar incurrir en una falta administrativa mayor o un delito.
La legislación también debe comprender reglas para que los empresarios tenganuna relación honesta, abierta y transparente con las autoridades.
Una opción sería prohibir en la legislación que un empresario compita por contratos públicos en una dependencia o en un área encabezada por un familiar directo.
Otro hueco que debe subsanarse en la legislación es el de las sanciones para quien incumpla la ley. La legislación actual establece que el funcionario que no se excuse de...