Tratamiento en el derecho chileno

Tratamiento en el Derecho Chileno

Como premisa citaremos el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República de Chile que en su inciso 5°, consagra como derecho fundamental el denominado "debido proceso", señalando que "toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado", agregando luego que "corresponderá al legisladorestablecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".
Hasta hace poco tiempo el problema de la prueba ilícita no se encontraba abordado explícitamente en el ordenamiento jurídico chileno.
Así en materia adjetiva civil, el cuerpo legal actualmente vigente no se contempla una norma en este sentido. No obstante ello el artículo 6 del anteproyecto de CódigoProcesal Civil reconoce al Tribunal la facultad de dirigir el debate, ordenar la práctica de actuaciones judiciales y "admitirá la rendición de las pruebas lícitas, útiles y pertinentes ofrecidas (…)". Por su parte el artículo 27 número 6) reconoce dentro de las Facultades del Tribunal el "rechazar las pruebas ilícitas, las que recaigan sobre hechos de pública notoriedad como las manifiestamentesobreabundantes, inconducentes e impertinentes". Finalmente el artículo 282 señala que el juez "debe ordenar fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas pruebas que (…) hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales (…)"
Una interpretación amplia, sin embargo, nos llevaría a razonar que no obstante la ausencia de una norma expresa relativa a la prueba ilícita enel actual Código de Procedimiento Civil, podríamos igualmente por otra vía llegar al mismo resultado. Así, si entendemos (como hemos señalado) que la prueba ilícita es aquella que vulnera las garantías constitucionales, es perfectamente posible que en sede civil se pueda coaccionar a un testigo para obtener su declaración. Sin embargo, en este caso los derechos fundamentales que pueden verseafectados por la actividad probatoria pueden situarse comúnmente en la esfera de la intimidad y dignidad, en sus manifestaciones constitucionales de protección de la vida privada e inviolabilidad del domicilio y posibles atentados o amenazas a la integridad física y psíquica de las personas. Si en el afán de las partes de procurarse probanzas se vieran afectadas las garantías constitucionales señaladas,el juez estaría en condiciones de no aceptar la prueba por ilícita.
Por su parte, con la dictación del Código Procesal Penal en el año 2000, la situación cambia toda vez que este cuerpo normativo contiene varias normas y todo un sistema para conseguir la plena vigencia de los derechos fundamentales durante la tramitación del proceso penal, alcanzando en particular a la prueba obtenida coninobservancia de garantías fundamentales.
En materia constitucional la presunción de inocencia exige que la condena se funde en pruebas lícitamente obtenidas y practicadas con las debidas garantías procesales, que contengan suficientes elementos inculpatorios respecto a la participación del imputado en los hechos delictivos sometidos a la resolución del tribunal, que formen convicción en éste últimosobre la responsabilidad del acusado en el delito, posibilitando su condena. Ello obliga al órgano jurisdiccional a no recibir las pruebas de carácter antijurídico y en violación de derechos fundamentales por la posición preferente que ellos ocupan en el orden constitucional y su condición de derechos inviolables, lo que genera la nulidad de todo acto violatorio de tales derechos. Ello constituyeuna garantía objetiva del orden constitucional[38].
Respecto al sistema procesal penal, el tratamiento de protección contra la prueba ilicita comienza con el artículo 9 que señala que "toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa".
La...