Tributario fallos

Sociedad Anónima “Viñedos y Bodegas Arizú” contra la Provincia de Mendoza, por inconstitucionalidad de las leyes números 732 y 922 y devolución de sumas pagadas CSJN, Fallos 156:20
Sumario: 1° La facultad conferida por el artículo 67, inciso 11 de la Constitución al Congreso de la Nación para dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, reviste los caracteres de un poder exclusivo,dejando a los tribunales provinciales sólo la aplicación de dichos códigos cuando los casos o personas cayeren bajo su jurisdicción, sin que la cláusula constitucional contenga disposición alguna que atribuya a los gobiernes provinciales poder para destruir, anulándolas, las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación con el objeto de proveer a las ventajas de una legislación uniforme para todoel país. (Art. 108). 2° La reglamentación del art. 31 de la Constitución Nacional ha sido hecha por el art. 14 de la ley 48 y, en su mérito, ninguna ley de provincia que se repute contraria a las leyes que tiene facultad para dictar el Congreso de la Nación, puede escapar al examen y revisión de la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario, aún tratándose de litigios o causas destinadas,por su naturaleza, a fenecer dentro de la jurisdicción provincial. 3° Al atribuirse al Congreso la facultad de dictar el Código Civil se ha querido poner en sus manos lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones y, entre las últimas, a los contratos, es decir, todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en elaspecto de sus relaciones privadas. El Código Civil ha legislado sobre la locación de servicios en el cap. VIII del Libro II, Sección 3°, tomo VI, calificándolo de contrato consensual y expresando que tiene lugar cuando una de las partes se obligara a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Arts. 1623, 1140, 1494 y 1349. 4° La ley de salario mínimo, no sólomodificaría la institución de la locación de servicios en el contenido de los artículos citados, sino el de todos los relativos a la libertad de convenir, a la autonomía de la libertad individual, sancionada como norma legal pira toda la República por el artículo 1197, y se habría, además, alterado los principios que rigen la incapacidad de contratar, al crear la que resulta para el empleador y perael obrero de no poder ajustar un salario inferior al mínimo señalado, Ampliando así, el art. 1160 del Código Civil y, por ello, con ocasión del más difundido e importante de los contratos legislados en aquél, mediante el cual el trabajo y otros servicios se cambian por dinero o por otras formas de propiedad. 5° El art. 1624 del Código Civil no importa delegar en las ordenanzas municipales opoliciales, o en leyes especiales locales el contrato de trabajo propiamente dicho, respecto a su esencia y carácter, sino simplemente someter el régimen de las relaciones especiales entre patrones y domésticos, artesanos y aprendices, maestros y alumnos, en cuanto a sus deberes y, derechos recíprocos, a una legislación propia, a la manera que lo hace Freitas en los arts. 2707 y 2837 y siguientes de suproyecto de código. 6° Es un hecho y también un principio de derecho constitucional que la policía de las provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluidos en los poderes que se han reservado el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos, y, por consiguiente, pueden libremente dictar leyes y reglamentos con estos fines; pero este poderde policía de los Estados es sólo un residuo, en presencia de las facultades exclusivamente delegadas al Gobierno de la Nación, y no puede invadir en su ejercicio el campo en que se mueve cualquiera de éstas. En consecuencia, la ley de la Provincia de Mendoza, número 922, en cuanto establece un salario mínimo obligatorio para los particulares, es inconstitucional.
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Caso: Lo explican las...