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ULTIMA REFORMA DECRETO 328, APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2008.

DECRETO No. 219. Se aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LASFACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1176/08 de fecha 22 de diciembre de 2006, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por elDiputado Humberto Cabrera Dueñas y demás Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que

• El Estado democrático de derecho de nuestros días, de innegable raíz liberal, cumple con sus objetivos y finesde promoción de la seguridad y el bienestar general a través de la administración pública. Es por medio del aparato administrativo como adquieren eficacia muchos derechos y servicios de prestación plasmada en la Constitución y en las leyes ordinarias, y es a través de dicho aparato como se materializan las políticas públicas en los planes y programas de gobierno.


• El funcionamiento delEstado esta a cargo de la administración pública, es decir, de una pluralidad de administraciones titulares de relaciones jurídicas, y que se encuentran en permanente contacto con los ciudadanos, con quienes interactúa ejerciendo sus potestades legales.

• La experiencia ha demostrado que la existencia de leyes que regulan el procedimiento para la admisión de actos administrativoscontribuye, por una parte, a reducir la arbitrariedad de los funcionarios públicos y, por otra, a aumen5tar el grado de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades.

• Bajo una visión democrática del estado, la administración pública tiene el deber de conducirse en su actuación bajo los principios de igualdad de trato, objetividad y ausencia de discriminación o de concesión de privilegiosarbitrarios. Y en este sentido la presencia y operación de una legislación que regule el procedimiento administrativo se convierte en un aliado invaluable.

• Actualmente no existe un ordenamiento legal que establezca de manera general las bases y lineamientos que deben revestir los actos que sean expedidos por las diversas autoridades administrativas-estatales y municipales-en el ejercicio de susfunciones. Al respecto existe la necesidad de implementar un mecanismo jurídico que permite instrumentar un procedimiento común para cualquier tipo de acto administrativo y así eliminar de una buena vez la disparidad de procedimientos y recursos que sobre esta materia se encuentra contenido en diversas leyes locales.

• La norma que se propone no conlleva en si misma el incremento deatribuciones para la administración, sino por el contrario, impide su actuación discrecional o arbitraria. En este sentido la ley que se impulsa se traduce en una garantía para los ciudadanos, ya que busca asegurar los principios de legalidad, audiencia y debido proceso a los que deben sujetarse todos los actos de autoridad de conformidad con los artículos 14 y 16 constitucionales.

• La ley quese plantea pretende remover obstáculos para la resolución eficiente de las gestiones que los ciudadanos hagan frente a la administración pública. No se trata de conferirles una serie de facultades bajo una visión patrimonialista sino tan solo de permitirles el ejercicio de sus derechos en un marco moderno que permite simplificar y reducir el tiempo para resolver trámites gubernamentales.

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