TUTELA CONTRA EL BANCO DE LA REPU BLICA

IV. EXP. 3.052.705 AC - SENTENCIA SU-555/14 (Julio 24)
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió las acciones de tutela instauradas por
María Cristina Ochoa Mendigaña y Marceliano Ramírez Yáñez contra el Banco de la República.; Alberto Rivera Arévalo, Mario Infante Bonilla, John Genoy Murillo, Jorge Omar Nieto Mora y Yolanda Moreno Rivera contra laEmpresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-y José Fernando Pabón Salcedo contra ECOPETROL S.A, quienes pretendían el reconocimiento de sus pensiones por fuera del marco del sistema general de pensiones y solicitaban la aplicación de cláusulas convencionales, más allá del término establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005. PRETENSIONES
Como fundamento de lo anterior, losaccionantes alegaban la necesidad de la aplicación directa e inmediata de una recomendación proferida por la Organización Internacional del Trabajo –OIT frente al Acto Legislativo 01 de 2005.Comunicado No. 29. Corte Constitucional. Julio 23 y 24 de 2014 10
Sobre el particular, la Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró que sólo las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical,debidamente aprobadas por el Consejo de Administración son vinculantes o de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, y por tanto, la recomendación objeto de estudio es obligatorio. No obstante, ello no quiere decir que las autoridades nacionales no conserven un margen de interpretación y apreciación de las mismas para determinar su compatibilidad con el ordenamiento constitucional y para laadopción de las medidas concretas para hacerlas efectivas. De igual manera, recordó que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, las demás recomendaciones expedidas por la OIT son directrices para la aplicación de los derechos laborales. LA CORTE FUNDAMENTA EN ESTOS PARAMETROS
En consecuencia, en el caso concreto la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que larecomendación era obligatoria, pero en virtud del margen de interpretación fijó su alcance frente a los parágrafos del Acto Legislativo 01 de 2005 relacionados con el tema de las pensiones convencionales.
En primer lugar, señaló que las cláusulas relacionadas con pensiones contenidas en Convenciones Colectivas suscritas con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, podían prorrogarseautomáticamente hasta el 31 de julio de 2010, fecha límite impuesta por el artículo 48 de la Constitución.
En segundo lugar, en relación con los derechos convencionales estableció las siguientes
subreglas:
a) Se considerarán derechos adquiridos, aquellos surgidos de las convenciones vigentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, a las que tengan acceso las personas quecumplían los requisitos para esa misma época.
b) Se considerarán expectativas legítimas: (i) las de aquellos trabajadores que si bien no cumplían los requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí lo hacían y se encontraban cobijados por convenciones celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005, o incluso hasta el 31 de julio de 2010,mientras éstas continuaran vigentes y, (ii) las de aquellos trabajadores que cumplieron los requisitos durante las prórrogas automáticas de las convenciones (vigentes) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010.
c) Finalmente, no se tendrá, ni siquiera como una mera expectativa, aquella situación que surja después de la fecha límite señalada en el Acto Legislativo 01 de2005, esto es, el 31 de julio de 2010. En efecto, el artículo 48 Superior, en el parágrafo transitorio 3, dispone: “En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.
En tercer lugar, frente al contenido de las recomendaciones señaló que la primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos...