tutela procuraduria
Páginas: 13 (3028 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2013
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Aprobada acta número 206
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011)
Decide la Sala la impugnación interpuesta por WILLIAMS FERNANDO CASAS SANTAMARÍA, contra la decisión proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ1, mediante la cual negó las pretensiones dela demanda de tutela instaurada contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
El 25 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó, con modificaciones la condena2 impuesta al accionante por el delito de hurto calificado y agravado.
El 25 de febrero de 2010, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), decretó laextinción de las penas principal y accesoria impuestas al accionante, por tanto, ordenó oficiar a las autoridades respectivas para la cancelación de los antecedentes en sus bases de datos.
Al consultar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, constató que aun obraba la anotación correspondiente, lo que dificulta su proceso deresocialización y limita su acceso al mercado laboral.
EL FALLO IMPUGNADO
Negó el a quo la protección solicitada, por considerar que la certificación de antecedentes disciplinarios constituye un acto administrativo que puede ser cuestionado ante la jurisdicción especializada y adicionalmente, la Procuraduría está en el deber legal de mantener el registro de inhabilidad dentro del término de loscinco (5) años siguientes a la imposición de la condena, conforme a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, norma declarada exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-1066 de 2002).
Para el Tribunal, es válido que en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido al accionante se reflejen las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a suexpedición, por cuanto la Procuraduría General de la Nación debe llevar un registro de los antecedentes de los ciudadanos, y el que figura en contra de CASAS SANTAMARÍA está dentro del término previsto por la ley, por lo que no podría omitirse.
LA IMPUGNACIÓN
Presentada por el accionante, insiste en ella en los fundamentos de la demanda y precisa que la anotación de la inhabilidad en elcertificado de antecedentes disciplinarios va en desmedro de las posibilidades de conseguir un empleo, incluso en el sector privado, donde actualmente es solicitado este documento, con lo cual ve afectada su reinserción social luego de cumplida la sentencia.
Para él, no cabría acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en tanto ésta tardaría demasiado tiempo en la resolución de esteasunto, existiendo en este caso un perjuicio irremediable.
CONSIDERACIONES
La Sala, a continuación se referirá a las inhabilidades generadas por sentencias condenatorias, sus efectos como antecedente para el ingreso a la función pública y la determinación de si su registro en el Sistema Integrado de Registro de Inhabilidades – SIRI - es a manera consultiva o sancionatoria:
I. ASPECTOSGENERALES
La función pública se dirige a la atención y satisfacción de los logros generales de la comunidad, por tanto, se exige de ella que se desarrolle con arreglo a los principios mínimos de imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la gestión gubernamental. Quienes como servidores públicos acceden a dicha labor, deben reunir ciertas cualidades y condiciones, acordes con los supremosintereses que en beneficio de la comunidad se gestionan a través de dicha función.3 Su eje axiomático lo constituye la realización de los principios que guían el manejo de la res pública y la protección de los que en ésta se involucran.
De conformidad con lo estatuido en el artículo 44 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas -pena accesoria - "priva de la facultad...
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Aprobada acta número 206
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011)
Decide la Sala la impugnación interpuesta por WILLIAMS FERNANDO CASAS SANTAMARÍA, contra la decisión proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ1, mediante la cual negó las pretensiones dela demanda de tutela instaurada contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
El 25 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó, con modificaciones la condena2 impuesta al accionante por el delito de hurto calificado y agravado.
El 25 de febrero de 2010, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), decretó laextinción de las penas principal y accesoria impuestas al accionante, por tanto, ordenó oficiar a las autoridades respectivas para la cancelación de los antecedentes en sus bases de datos.
Al consultar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, constató que aun obraba la anotación correspondiente, lo que dificulta su proceso deresocialización y limita su acceso al mercado laboral.
EL FALLO IMPUGNADO
Negó el a quo la protección solicitada, por considerar que la certificación de antecedentes disciplinarios constituye un acto administrativo que puede ser cuestionado ante la jurisdicción especializada y adicionalmente, la Procuraduría está en el deber legal de mantener el registro de inhabilidad dentro del término de loscinco (5) años siguientes a la imposición de la condena, conforme a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, norma declarada exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-1066 de 2002).
Para el Tribunal, es válido que en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido al accionante se reflejen las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a suexpedición, por cuanto la Procuraduría General de la Nación debe llevar un registro de los antecedentes de los ciudadanos, y el que figura en contra de CASAS SANTAMARÍA está dentro del término previsto por la ley, por lo que no podría omitirse.
LA IMPUGNACIÓN
Presentada por el accionante, insiste en ella en los fundamentos de la demanda y precisa que la anotación de la inhabilidad en elcertificado de antecedentes disciplinarios va en desmedro de las posibilidades de conseguir un empleo, incluso en el sector privado, donde actualmente es solicitado este documento, con lo cual ve afectada su reinserción social luego de cumplida la sentencia.
Para él, no cabría acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en tanto ésta tardaría demasiado tiempo en la resolución de esteasunto, existiendo en este caso un perjuicio irremediable.
CONSIDERACIONES
La Sala, a continuación se referirá a las inhabilidades generadas por sentencias condenatorias, sus efectos como antecedente para el ingreso a la función pública y la determinación de si su registro en el Sistema Integrado de Registro de Inhabilidades – SIRI - es a manera consultiva o sancionatoria:
I. ASPECTOSGENERALES
La función pública se dirige a la atención y satisfacción de los logros generales de la comunidad, por tanto, se exige de ella que se desarrolle con arreglo a los principios mínimos de imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la gestión gubernamental. Quienes como servidores públicos acceden a dicha labor, deben reunir ciertas cualidades y condiciones, acordes con los supremosintereses que en beneficio de la comunidad se gestionan a través de dicha función.3 Su eje axiomático lo constituye la realización de los principios que guían el manejo de la res pública y la protección de los que en ésta se involucran.
De conformidad con lo estatuido en el artículo 44 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas -pena accesoria - "priva de la facultad...
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