Una garantía del ejercicio efectivo de la Administración Pública
Por el Lic. Néstor Javier Saldívar Núñez
La responsabilidad patrimonial del Estado es un principio que eficientiza elfuncionamiento de los estamentos del poder estatal.
Es por este principio que países como México, Argentina, Colombia y otros de la región han logrado avances notables en la Administración Pública mediante laaplicación de políticas orientadas a la protección de los derechos del ciudadano y en el entendido de que un acto antijurídico compromete la responsabilidad civil, tanto de quien oficia en un órgano dela estructura estatal como la del Estado mismo. En ese orden, la constitución dominicana de 2010 establece claramente, en su artículo 148 lo que sigue: “Las personas jurídicas de derecho público y susfuncionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisiónadministrativa antijurídica.” En ninguna constitución anterior se había establecido tan diafanamente esta responsabilidad.
Sin duda, esta positivización en la carta magna trae consecuencias sobreaquellos que no cumplan con los lineamientos de la ley y que no se sometan al ordenamiento jurídico que enarbola la administración pública. Este artículo se convierte en una garantía para que losadministrados sean tratados sin los atropellos de politiqueros que se enganchan a la actividad política sin ser conscientes de que sus actos contrarios a la ley pueden comprometer su patrimonio o en otraspalabras, sus bienes. Más aun, quienes administran son impulsados a conocer mejor su labor, a tener mejores relaciones interpersonales con aquellos que solicitan un servicio público, o sea con ustedquien lee estas líneas, y a saber que se espera de ellos verdaderos y virtuosos administradores que cumplan con la labor que han jurado desempeñar.
Todavía falta que los legisladores se empeñen a...
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