Unidad del derecho sancionador

LA UNIDAD DEL DERECHO SANCIONADOR

I.

La legitimidad de la potestad sancionadora de la Administración

Es un hecho incontrovertible que la Administración ha obtenido, de uno u otro modo, un poder sancionador importante lo que contradice la división de poderes del poder político. En puridad, esta potestad debería de corresponder, dentro de las exigencias del principio de división depoderes, en exclusiva a los Tribunales de Justicia (García de Enterría-Fernández Rodríguez). De ahí que un sector autorizado de la doctrina, tanto penal como administrativa, cuestione la legitimidad teórica de tal potestad (García de Enterría, Parada, Nieto). A su entender, todo poder sancionador debe quedar en manos de los jueces. Sin embargo, a partir de su reconocimiento en la Constitución Española de1978 (artículos 9, 25 y 106 CE)1, la discusión en torno a la legitimidad de la potestad sancionadora de la Administración cobra otros tintes de nivel teórico, cobrando mayor importancia la tesis, hoy dominante de que la potestad administrativa sancionadora, al igual que la potestad de los Jueces y Tribunales (derecho penal), forma parte de un "genérico" ius puniendi del Estado, que es únicoaunque luego tenga lugar de dos formas distintas (Nieto). El poder sancionador de la Administración se reconoce en el art. 25 de la CE al recoger
Muy crítico respecto de este reconocimiento constitucional, PARADA, "...ninguna otra Constitución española, desde 1812 hasta aquí, se había atrevido a reconocer y santificar el poder punitivo de la Administración como lo ha hecho el artículo 25 de la de 1978... Este reconocimiento, insólito en el Derecho Constitucional comparado, ha originado que las sanciones administrativas ... hayan salido del régimen de tolerancia constitucional ... se trataba antes de un poder administrativo en precario, aceptado como una necesidad transitoria, pero que permitía mantener la esperanza de reconducirlo al Poder Judicial común. Ahora, la Constitución lo hasacralizado y aquella ilusión se ha desvanecido."
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el principio de legalidad administrativa cuando reconoce en su párrafo primero que "nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Este principio de legalidad es desarrollado, en lo que corresponde a laAdministración por el art. 127 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Confirma dicho poder sancionador el art. 9 CE cuando en su párrafo primero impone la obligación de todos los poderes del Estado a la observación de las garantías propias de un Estado de Derecho y ello incluye, por lo tanto, también a la actividad administrativa (E. Bacigalupo). En efecto, elprecepto señala que "los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Por otro lado, el párrafo tercero de este mismo artículo generaliza a todo el Derecho sancionador los principios "de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechosindividuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Por último, el art. 106 CE atribuye al Poder Judicial el control de "la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen". En este sentido, se reconoce la garantía del control judicial del ejercicio sobrelas facultades de la Administración (E. Bacigalupo). Independientemente de la conveniencia o no de la existencia de esta potestad es, por lo tanto, habitual encontrar tal reconocimiento2 tanto en la doctrina como en la
El cuestionamiento de la potestad administrativa por algún sector de la doctrina administrativista como ya se ha señalado- proviene fundamentalmente por considerarlo contrario...