Universidades Publicas
Páginas: 8 (1943 palabras)
Publicado: 11 de diciembre de 2014
Universidades Públicas
Resulta pertinente precisar finalmente aquí, al amparo de la normatividad vigente, la negativa del legislador para otorgar razón a la finalidad de lucro en las universidades públicas que se ha sostenido hasta hoy.
En este sentido, el artículo 6°de la ley 23733 señala:
“Las universidades son públicas o privadas según se creen por iniciativa del Estado o departiculares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro…” (SIC)
Si bien es cierto el texto reproducido “parece” obviar pronunciarse sobre el fin no lucrativo de las primeras, ello no es así.
Como cualquier tipo de norma jurídica expuesta a la sociedad, la que comentamos debe interpretarse demanera adecuada, no siendo posible reducir su análisis a un mero formalismo que nos lleve a tomar lo literal como lo absoluto.
Una interpretación basada en un único artículo puede conducir al lector, en el presente caso, a conclusiones equivocadas1.
En este sentido coincidimos con Del Hierro cuando citando a Ross señala que la interpretación es sobre todo un acto de naturaleza constructiva2Asimismo, asumimos con Reale3 que la hermeneútica jurídica actual desenvuelve de manera más orgánica la comprensión histórico evolutiva de la interpretación, configurando a la norma jurídica en términos de: a) Un modelo operativo de una clase o tipo de organización de comportamientos posibles; b) que debe ser interpretado dentro del conjunto del ordenamiento jurídico; c) implicando laapreciación de hechos y valores que originariamente lo constituirían; y d) también en función de los hechos y valores que posteriormente aparezcan.
Intentaremos pues situarnos dentro de los cánones de los razonamientos citados para saldar la cuestión planteada.
En primer lugar nos asalta la pregunta de fondo: ¿Si la norma declara los fines de una –persona jurídica privada-, porque no hace lo mismocon los de la otra –persona jurídica pública-?
Así, la norma estaría aparentemente pecando por omisión, al atribuirse el derecho de definir una entidad en menoscabo de la otra, imponiendo de esta forma reglas de derecho desiguales a sujetos iguales en organización y función, que se desenvuelven dentro del mismo segmento del mercado.
Acudamos entonces a situarnos en el contexto históricojurídico que la sustenta.
Al momento de la promulgación de la ley universitaria (1,982) se encontraba vigente la Constitución Política de 1,979. Esta última dictaminaba que: “… la educación impartida por el Estado es gratuita en todo sus niveles, con sujeción a las normas de ley…” (art. 25°); Esta aproximación nos indica per se que el Estado no pretendía lucrar mediante el desarrollo de estaactividad, pues se trata de una de carácter “gratuito”, nada más claro. La gratuidad implica no cobrar por el servicio impartido; en consecuencia, mal podría generarse un excedente, superávit, utilidad o como quiera llamársele, que importen beneficio pecuniario alguno, por el contrario, esta actividad significaría una pérdida.4
Así, podemos inferir que era innecesario para el legislador repetiralgo en la ley específica –23733- cuando por precepto constitucional ya había quedado zanjada cualquier tipo de discusión al respecto. La labor del Estado en este campo específico, lejos de lucrar, ha sido la de gastar dinero sin retorno mediato o inmediato a la vista.
A mayor abundamiento, consideremos las demás normas de carácter constitucional que fundamentan la materia de manera conjunta,sistematizando su contenido.
El articulado constitucional del 1,979 señala que: “La enseñanza en todos sus niveles, debe impartirse con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.” (Art. 28°).
De otra parte, indica: “Las empresas están obligadas a contribuir al sostenimiento de centros de educación…” (art. 29°). Esta claro...
Universidades Públicas
Resulta pertinente precisar finalmente aquí, al amparo de la normatividad vigente, la negativa del legislador para otorgar razón a la finalidad de lucro en las universidades públicas que se ha sostenido hasta hoy.
En este sentido, el artículo 6°de la ley 23733 señala:
“Las universidades son públicas o privadas según se creen por iniciativa del Estado o departiculares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro…” (SIC)
Si bien es cierto el texto reproducido “parece” obviar pronunciarse sobre el fin no lucrativo de las primeras, ello no es así.
Como cualquier tipo de norma jurídica expuesta a la sociedad, la que comentamos debe interpretarse demanera adecuada, no siendo posible reducir su análisis a un mero formalismo que nos lleve a tomar lo literal como lo absoluto.
Una interpretación basada en un único artículo puede conducir al lector, en el presente caso, a conclusiones equivocadas1.
En este sentido coincidimos con Del Hierro cuando citando a Ross señala que la interpretación es sobre todo un acto de naturaleza constructiva2Asimismo, asumimos con Reale3 que la hermeneútica jurídica actual desenvuelve de manera más orgánica la comprensión histórico evolutiva de la interpretación, configurando a la norma jurídica en términos de: a) Un modelo operativo de una clase o tipo de organización de comportamientos posibles; b) que debe ser interpretado dentro del conjunto del ordenamiento jurídico; c) implicando laapreciación de hechos y valores que originariamente lo constituirían; y d) también en función de los hechos y valores que posteriormente aparezcan.
Intentaremos pues situarnos dentro de los cánones de los razonamientos citados para saldar la cuestión planteada.
En primer lugar nos asalta la pregunta de fondo: ¿Si la norma declara los fines de una –persona jurídica privada-, porque no hace lo mismocon los de la otra –persona jurídica pública-?
Así, la norma estaría aparentemente pecando por omisión, al atribuirse el derecho de definir una entidad en menoscabo de la otra, imponiendo de esta forma reglas de derecho desiguales a sujetos iguales en organización y función, que se desenvuelven dentro del mismo segmento del mercado.
Acudamos entonces a situarnos en el contexto históricojurídico que la sustenta.
Al momento de la promulgación de la ley universitaria (1,982) se encontraba vigente la Constitución Política de 1,979. Esta última dictaminaba que: “… la educación impartida por el Estado es gratuita en todo sus niveles, con sujeción a las normas de ley…” (art. 25°); Esta aproximación nos indica per se que el Estado no pretendía lucrar mediante el desarrollo de estaactividad, pues se trata de una de carácter “gratuito”, nada más claro. La gratuidad implica no cobrar por el servicio impartido; en consecuencia, mal podría generarse un excedente, superávit, utilidad o como quiera llamársele, que importen beneficio pecuniario alguno, por el contrario, esta actividad significaría una pérdida.4
Así, podemos inferir que era innecesario para el legislador repetiralgo en la ley específica –23733- cuando por precepto constitucional ya había quedado zanjada cualquier tipo de discusión al respecto. La labor del Estado en este campo específico, lejos de lucrar, ha sido la de gastar dinero sin retorno mediato o inmediato a la vista.
A mayor abundamiento, consideremos las demás normas de carácter constitucional que fundamentan la materia de manera conjunta,sistematizando su contenido.
El articulado constitucional del 1,979 señala que: “La enseñanza en todos sus niveles, debe impartirse con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.” (Art. 28°).
De otra parte, indica: “Las empresas están obligadas a contribuir al sostenimiento de centros de educación…” (art. 29°). Esta claro...
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