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1BIEN JURÍDICO Y REFORMA CONTRA LOS DELITOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dr. Vittorio Manes Universidad de Bolonia

1. La exigencia de una concreción del bien jurídico El debate sobre la reforma de los Delitos contra la Administración pública es una constante de la reflexión penal actual, y no sólo del Ordenamiento italiano. De la aparición de la corrupción como fenómeno sistémico, a laconsideración creciente de las patologías de la acción administrativa en todos sus aspectos (prevaricación, abusos en el ejercicio de la función, malversación, omisiones de los deberes de oficio o cargo), la problemática está, sin embargo, encuadrada casi exclusivamente desde una perspectiva de política criminal, y las opciones avanzadas reflejan condicionamientos a menudo sometidos a exigenciasrepresivas; lo que, a su vez, no permite siempre una adecuada ponderación de las peculiares exigencias dogmáticas de la materia. Entre éstas, principalmente aquélla que debería guiar una reforma de los tipos penales que tutelan la Administración pública: la correcta individualización de los intereses que se entienden tutelados y, por tanto, el debate sobre el bien jurídico. A este particular aspecto sondedicadas estas reflexiones. El presupuesto de partida del que, a mi parecer, se debería empezar, puede parecer casi paradójico: en una materia que se empeña en amparar la articulación de la función pública, que se promete asegurar conforme al ‘buen funcionamiento e imparcialidad’ –las expectativas institucionales sobre el actuar de los aparatos estatales–, las líneas directrices de la reformadebería estar dirigidas hacia el progresivo abandono de una dimensión exclusivamente abstracta del bien jurídico (tomado como bien jurídico genérico) y la correspondiente ganancia progresiva a favor de una dimensión, en cuanto sea posible individual, particularista, del objeto de tutela, reconstruido con líneas específicas según cada norma. O sea, debería siempre estar más valorada la diferencia entrebien jurídico como categoría – objeto jurídico ‘en vulgar definición’ que a menudo no es más que una paráfrasis de criterios sobre los que se querría fijar la misma función administrativa" – y bien jurídico específicamente tutelado por cada norma, enfocado sobre un aspecto particularista y más concreto de tutela; un esfuerzo que, en definitiva, vaya de lo universal a lo particular. Ciertamente noes necesario subrayar las ganancias que ofrece esta postura. Baste recordar que una progresiva concreción del bien tutelado, referido ‘a la medida del hombre’, permitiría pasar de una óptica formalista, a menudo demasiado escondida tras principios generales y omnicomprensivos (aun cuando valorados constitucionalmente) (1), a una óptica que, a través de parámetros más tangibles, permita darconcreto relieve a los diversos grados de la ofensa. Estas directrices –que deberían ya inspirar la interpretación de los tipos penales actuales– deberían también servir de guía para una eventual reforma, en perspectiva de iure condendo. 2. Las indicaciones interpretativas sugeridas por algunos pronunciamientos jurisprudenciales La exigencia de concreción del tipo penal, donde principalmente surge la"cara funcional" de la tutela, parece recientemente haber también recogido confortantes consensos de legitimidad por parte de la jurisprudencia. Un primer ejemplo se tiene en el delito de abuso en el ejercicio del oficio o cargo (art. 323 del Código penal), donde la reconstrucción del tipo según el esquema del delito de resultado (la ventaja patrimonial o el daño para el particular) y no del desimple actividad (cualificada por el dolo específico de la ventaja o del daño), ha llevado a la jurisprudencia –al menos en los casos de abuso de daño (correspondiente, en cierto sentido, al delito de ‘Prevaricación’ del art. 404 del Código penal español)– a reconsiderar el bien jurídico desde una óptica de pluriofensividad que tenga en cuenta tanto el

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interés público al buen funcionamiento y...