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Páginas: 10 (2330 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2014
Pilar Arcidiácono, Laura Royo
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Tras la crisis del modelo de la década de 1990 y el brusco advenimiento de la crisis política, social y económica de fines de 2001 y principios de 2002 se acentuó de manera radical el fenómeno de la exclusión social. Todas las políticas implementadas desde entonces orientadas a abatir los indicadores de pobreza hanpresentado claroscuros que ponen en duda su validez y viabilidad. Como rehenes de la ineficiencia de esas políticas públicas están los derechos a una vida digna de millones de personas.
A partir de 2002 – en el contexto de la mayor crisis socioeconómica atravesada en las últimas décadas – se implementaron un conjunto de programas sociales que aún continúan vigentes. En esta oportunidad se pretendebrindar una mirada a estos programas desde un enfoque de derechos, analizando las estrategias que utilizan para superar la pobreza y sus principales características a la luz de los estándares de derechos humanos.
Durante la década de 1990 se implementaron en el país de manera extrema las políticas dictadas por los organismos internacionales de asistencia crediticia, al tiempo que en pocos años setransformaron el funcionamiento de la economía y la propia concepción de la política social que, entre otras características, se mantuvo alejada de principios rectores de los derechos humanos.
Hacia fines del 2001 y principios de 2002 estalló una severa crisis institucional, política, social y económica que provocó, entre otros efectos, la caída del gobierno, el abandono del régimen deconvertibilidad de la moneday un abrupto incremento de los niveles de pobreza e indigencia en el país que en octubre de 2002 afectaban, respectivamente, a 54,3% y 24,7% de la población.
En este contexto se implementaron políticas de transferencia de ingresos. El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) constituyó el primer programa de transferencia de ingresos aplicado de manera masiva en elpaís. Posteriormente, entre 2003 y 2004 el gobierno nacional creó nuevos programas sociales, entre ellos el Programa Adulto Mayor Más (PAMM) y el Programa Familias por la Inclusión Social (PF).
Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados
El Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados surgió en abril del 2002 en el marco de la gravísima crisis económica e institucional. Consiste en elotorgamiento de un subsidio de ARS 150 (USD 47) a jefes y jefas de hogares desocupados con hijos e hijas menores de 18 años a su cargo. A cambio de ello, la o el titular debe participar en actividades de capacitación, comunitarias o productivas. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en junio de 2003 el número de receptores del programa alcanzó a 1.992.497personas. Luego, comose verá más adelante, se registró una merma a raíz de la opción de traspaso al Programa Familias. Cabe aclarar que la inscripción para ingresar al programa cerró el 17 de mayo de2002, por lo que en la actualidad no es posible el ingreso de nuevos receptores, salvo por orden judicial.
En relación a la contraprestación exigida, la misma no se corresponde con la idea misma de ‘derecho’ planteadadesde el gobierno, en tanto a priori la consideración como derecho no debería exigir ‘brindar algo a cambio’.
En cuanto al monto del subsidio, resulta evidentemente insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de una familia y mucho menos permite el acceso a las prestaciones esenciales que garanticen un nivel de vida adecuado. La exclusión de las personas de los bienes yservicios sociales no se resuelve sólo a partir de la entrega de una ayuda económica en pesos o bonos, sino que se requiere un conjunto de acciones articuladas para abordar integralmente una problemática de semejante complejidad.
Asimismo, al consagrar una prestación indiferenciada por cada jefe o jefa de hogar desocupada, el PJJHD no realizó distinción alguna según la composición del grupo...
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Tras la crisis del modelo de la década de 1990 y el brusco advenimiento de la crisis política, social y económica de fines de 2001 y principios de 2002 se acentuó de manera radical el fenómeno de la exclusión social. Todas las políticas implementadas desde entonces orientadas a abatir los indicadores de pobreza hanpresentado claroscuros que ponen en duda su validez y viabilidad. Como rehenes de la ineficiencia de esas políticas públicas están los derechos a una vida digna de millones de personas.
A partir de 2002 – en el contexto de la mayor crisis socioeconómica atravesada en las últimas décadas – se implementaron un conjunto de programas sociales que aún continúan vigentes. En esta oportunidad se pretendebrindar una mirada a estos programas desde un enfoque de derechos, analizando las estrategias que utilizan para superar la pobreza y sus principales características a la luz de los estándares de derechos humanos.
Durante la década de 1990 se implementaron en el país de manera extrema las políticas dictadas por los organismos internacionales de asistencia crediticia, al tiempo que en pocos años setransformaron el funcionamiento de la economía y la propia concepción de la política social que, entre otras características, se mantuvo alejada de principios rectores de los derechos humanos.
Hacia fines del 2001 y principios de 2002 estalló una severa crisis institucional, política, social y económica que provocó, entre otros efectos, la caída del gobierno, el abandono del régimen deconvertibilidad de la moneday un abrupto incremento de los niveles de pobreza e indigencia en el país que en octubre de 2002 afectaban, respectivamente, a 54,3% y 24,7% de la población.
En este contexto se implementaron políticas de transferencia de ingresos. El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) constituyó el primer programa de transferencia de ingresos aplicado de manera masiva en elpaís. Posteriormente, entre 2003 y 2004 el gobierno nacional creó nuevos programas sociales, entre ellos el Programa Adulto Mayor Más (PAMM) y el Programa Familias por la Inclusión Social (PF).
Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados
El Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados surgió en abril del 2002 en el marco de la gravísima crisis económica e institucional. Consiste en elotorgamiento de un subsidio de ARS 150 (USD 47) a jefes y jefas de hogares desocupados con hijos e hijas menores de 18 años a su cargo. A cambio de ello, la o el titular debe participar en actividades de capacitación, comunitarias o productivas. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en junio de 2003 el número de receptores del programa alcanzó a 1.992.497personas. Luego, comose verá más adelante, se registró una merma a raíz de la opción de traspaso al Programa Familias. Cabe aclarar que la inscripción para ingresar al programa cerró el 17 de mayo de2002, por lo que en la actualidad no es posible el ingreso de nuevos receptores, salvo por orden judicial.
En relación a la contraprestación exigida, la misma no se corresponde con la idea misma de ‘derecho’ planteadadesde el gobierno, en tanto a priori la consideración como derecho no debería exigir ‘brindar algo a cambio’.
En cuanto al monto del subsidio, resulta evidentemente insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de una familia y mucho menos permite el acceso a las prestaciones esenciales que garanticen un nivel de vida adecuado. La exclusión de las personas de los bienes yservicios sociales no se resuelve sólo a partir de la entrega de una ayuda económica en pesos o bonos, sino que se requiere un conjunto de acciones articuladas para abordar integralmente una problemática de semejante complejidad.
Asimismo, al consagrar una prestación indiferenciada por cada jefe o jefa de hogar desocupada, el PJJHD no realizó distinción alguna según la composición del grupo...
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