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Principios del sistema económico venezolano (página 3)
Enviado por Donkan Fenix Davila[->0]
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El artículo 21 ejusdem establece que sólo se transferirán, asignarán o subvencionarán nuevos recursos[->13] fiscales a los Estados previa demostración de que la cuantía, periodicidad y destino de éstos son indispensables para satisfacer nuevas competencias[->14]o servicios[->15] atribuidos en forma constitucional.
Sin embargo, la Ley[->16] Orgánica de Hacienda Pública Estadal realiza importantes, decisivas e incondicionadas transferencias de recursos y ramos fiscales sin establecer en ningún caso qué "volumen[->17] de los servicios y actividades constitucionalmente atribuidos o que hayan sido asumidos por dichas entidades" justifica talestransferencias.
Sin tal requisito, la ley se contradice; sujeta a nulidad las transferencias que dispone, y contribuye a alentar en los entes locales una actitud[->18] fiscalista, en el sentido de tratar de incrementar desmedidamente los ingresos[->19] sin que éstos guarden relación con los egresos realmente necesarios para que dichos entes cumplan con sus cometidos.
Intento de ceder la potestad tributariapor contrato
El artículo 26 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal pauta que "los estados podrán celebrar contratos[->20] de estabilidad tributaria con contribuyentes o categorías de contribuyentes, con el propósito de asegurar a la inversión[->21] continuidad en el régimen relativo a sus tributos[->22] constitucionales y asignados, sin perjuicio de la potestad constitucional quecorresponde al Poder[->23] Nacional con respecto a la competencia[->24] tributaria de los Estados".
Los llamados "contratos de Estabilidad tributaria" son una estrategia[->25] que la Organización[->26] Mundial del Comercio[->27] intentó imponer mediante los hoy desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI), y que trata de sustituir el principio de soberanía[->28] tributaria del Estado[->29] por elde negociación[->30] privada de los tributos. A través de tales contratos se intenta imponer la práctica de que un particular pueda pactar con un cuerpo legislativo que éste no modificará los regímenes tributarios que le son aplicables. Ello, de hecho, configura una cesión contractual de soberanía, y se presta a un odioso régimen de privilegio de acuerdo con el cual unos contribuyentes (sininfluencia, presión[->31] u otros medios[->32] para lograr tales acuerdos) estarán sometidos al incremento de sus tributos, mientras que otros estarán inmunizados contra él por la vía de un codiciable contrato[->33].
Al respecto, establece el artículo 317 de la Constitución[->34] de la República Bolivariana de Venezuela[->35] que "no podrán cobrarse impuestos[->36], tasas, ni contribuciones que noestén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos[->37] fiscales, sino en los casos previstos por las leyes[->38]. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio". Dicha norma pauta claramente que la ley, y no el contrato, es la fuente de la obligación tributaria. Por lo cual se concluye que sólo el legislador, mediante ley, y no el contribuyente, porcontrato, tiene competencia para decidir cómo y en cuál sentido modificar las leyes tributarias.
Establece asimismo el artículo 21 de la Constitución que "todas las personas son iguales ante la ley". La ejecución de los llamados contratos de estabilidad tributaria crearía una odiosa y dañina división entre dos categorías de ciudadanos: aquellos que por contrato hubieren adquirido la inmunidad...