vida de david gale

LEGITIMACIÓN DEL PODER PUNITIVO ESTATAL PARA CONMINAR LA PENA DE MUERTE
Carlos Julio Lascano

Como alumnos del Profesor Jorge de la Rúa hemos admirado su claridad expositiva y su poder de síntesis. Luego, la posibilidad de ser testigos privilegiados de su desempeño en los ámbitos académico, profesional, deportivo y de la función pública, nos permitió valorar lo más significativo desu rica personalidad: su conmovedora humanidad, traducida en la entereza para afrontar primero el exilio, luego la adversidad política y, más recientemente, el dolor de la ausencia física de su hija Mercedes; en la humildad y el perfil bajo que lo caracterizan; en ser consecuente con sus ideas; en la honestidad y autoridad moral irreprochables de su actuación personal; y en la generosidad paratransmitir sus conocimientos a las jóvenes generaciones.
Jorge de la Rúa ha demostrado acabadamente su calidad de reconocido jurista, no sólo en su especialidad y auténtica pasión –la Dogmática jurídico-penal- sino también en la interpretación de las reglas básicas del Estado constitucional y democrático de Derecho, como lo pone en evidencia una de sus últimas obras, “Derecho y democracia. Lostemas y los tiempos”.
Precisamente, la lectura de ese libro nos descubrió una atinada reflexión que Jorge de la Rúa expresó en 1998:1 : “…no debe concluirse, de modo simplista, que la solución frente a un bajo acatamiento a la legalidad reside en el uso predominante o excluyente de la pena, que devendría en una suerte de remedio mágico de las males de una sociedad con reducido nivel de seguridadjurídica. Ya dijo Carrara que “la insensata idea de que el derecho punitivo debe extirpar de la tierra todos los delitos, lleva a la ciencia penal a la idolatría del terror y al pueblo a la fe en el verdugo…” (Programa, I, 14). Estas tendencias, de naturaleza esencialmente represiva, a la par de secundarizar la vasta y permanente tarea de culturización jurídica en la sociedad, camino natural parael progreso, lamentablemente se advierten en el plano de las instituciones. Así ocurre cuando vemos legisladores que, al compás de las encuestas, buscan ávidamente generar normas que crean nuevos delitos, de dudoso nivel técnico y menor efectividad, pretendiendo que la mera sanción de la norma producirá la remoción de comportamientos indeseables en la sociedad. Lo mismo es válido para el recurrentetema de la pena de muerte, más allá de su inconstitucionalidad desde la reforma de Santa Fe de 1994”.
Es entonces la problemática de la legitimación del poder punitivo estatal para disponer de la vida humana mediante la pena capital un buen tema de homenaje al querido Maestro.
I. Introducción
El Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, condenó a losacusados por el crimen de Gustavo Lanzavecchia, asesinado en febrero de 2009 en su casa de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La condena mayor –prisión perpetua- recayó en Roberto Leiva, hallado culpable de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de armas. En tanto, al otro acusado, Freddy Chena Paredes, se le impuso diez años de prisión por robo agravado poruso de armas.
El hecho en cuestión -uno más entre tantos que ocurren en nuestro país con lamentable frecuencia y crean inseguridad en la población- tuvo en aquel momento gran repercusión en los medios de comunicación masiva porque la víctima era decorador de Susana Giménez –conocida actriz y conductora de la televisión porteña- quien abrió una fuerte polémica sobre la pena de muerte con sufrase “el que mata tiene que morir”, a la que adhirieron algunos representantes de la farándula argentina.
Sin embargo, lo más preocupante es que dicho pensamiento haya sido expresado públicamente antes y después de la reforma constitucional de 1994 –en similares o diferentes términos- por conspicuos referentes de la dirigencia nacional. Basten un par de ejemplos: en la campaña electoral de 2009...