Violaciones a las garantias individuales

Ulises Ruiz, "culpable" de violar garantías individuales: SCJN
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14 Octubre, 2009 - 14:16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, como involucrado en la violación grave a derechos humanos durante el conflicto magisterial en la capital de esa entidad.
En la votación final sobre el dictamen de la investigación querealizó el alto tribunal con respecto a los hechos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, la Corte subrayó que la participación del mandatario estatal no fue atenuada.
El Alto Tribunal deslindó de la participación en esos actos al entonces presidente Vicente Fox y sus secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, así como a sus sucesores.
Los ministros resolvieron que no deben ser señaladoscomo responsables de violaciones a garantías individuales, el ahora diputado del PRI, Ardelio Vargas, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, y el ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, Héctor Sánchez.
En una votación mayoritaria de ocho contra dos resolvieron que Ulises Ruiz sí tuvo responsabilidad y no de forma atenuada, como lo proponía el ministro MarianoAzuela en su proyecto, al igual que mandos y agentes de las policías estatal y municipal.
Coincidieron, además, en que los derechos violados por omisión o falta de preparación fueron el de acceso a la justicia, a la paz, a la integridad personal, a la vida y se violaron las garantías de libertad de tránsito.
Asimismo las garantías de expresión, trabajo, educación, pensamiento y de último momento seañadió la violación a la libertad de acceso a la información.
Esas garantías violadas se hicieron presentes por la incapacidad del gobierno estatal para atender la problemática social que derivó en protestas que ocasionaron la inactividad comercial, el libre tránsito y el respeto al uso de espacios públicos, expuso.
La determinación de la Suprema Corte en investigaciones a violaciones graves aderechos humanos no es jurídicamente vinculante, sino que sólo constituye un dictamen que será enviado al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y al Poder Legislativo de la entidad.
De esta forma, a partir de los resolutivos de la SCJN estas autoridades decidirán si se inician procesos penales, administrativos, civiles o políticos contra de losservidores públicos señalados en el dictamen.
apr
CREDITO: PERIODICO EL ECONOMISTA
Redacción: Luis Alberto López

Miguel Concha
Violación al derecho de libre asociación
Como no había sucedido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando por la vía fiscal se decidió castigar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se suponía no habían votado por él en su cuestionadaelección, este año igualmente la administración pública federal, en las mismas circunstancias y con el mismo trato autoritario, decidió no sólo mantenerlas como causantes del impuesto sobre la renta, sino incluso obligarlas al pago del impuesto empresarial a tasa única (IETU), cuando por su misma naturaleza constitutiva, reconocida así por la ley, no generan renta ni ganancia.
Todo ello no únicamenteen contra de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), aprobada por unanimidad en ambas cámaras en 2003, y promulgada el 9 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, que las considera organismos de orden público e interés social, obligando además al gobierno a fomentar y apoyar específicamente 16 de susactividades expresamente reconocidas en el artículo 5, sino también en contra del derecho de asociación, reconocido en el artículo 9 de la Constitución, que obliga al gobierno a “no coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
Que esto es así, puede además colegirse de las opiniones de algunos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...