Violencia como l

"Violencia como legado de la impunidad"
obligaciones del Estado y la administración de justicia según los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN
La violencia generada por la criminalidad constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde elrespeto y la garantía de los derechos humanos para lo cual se constituyen dos tipos de obligaciones para los Estados: las negativas de abstención y respeto, y las positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención y sanción. Una de las dimensiones principales de las obligaciones del Estado se vincula a la actuación judicial para investigar y sancionar conductas, eliminar la impunidad y evitarla repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de la violencia y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. La administración de justicia constituye un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también entérminos de disminución del riesgo y la expansión del fenómeno de la violencia.
Durante los últimos años Venezuela ha alcanzado niveles de violencia nunca antes visto en la historia democrática, tanto cuantitativa como cualitativamente. La situación de violencia invade espacios públicos como privados abarcando todos los ámbito sociedad: escolar, familiar, laboral, político, ciudadano,institucional, entre otros. Esta situación genera un peligroso impacto para la consolidación de un “Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humano, la ética yel pluralismo político”.
La postura oficial sostiene que la principal consecuencia de la violencia es la pobreza; otro sector atribuye la violencia a la falta de institucionalidad. Sin embargo, ambos coinciden en que la violencia en un fenómeno pluricausal que atenta contra la convivencia, la paz ciudadana y el pacto social necesario para garantizar el crecimiento y desarrollo de unademocracia plural, participativa y protagónica. El desgaste institucional –Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral- ha profundizado la desconfianza en la capacidad para resolver situaciones de conflicto. Esto conlleven a mayor grado de irritabilidad social recurriendo a patrones de conducta violenta. La primera respuesta social, con alto contenido de irracionalidad, es demandar laimplementación de políticas represivas que conllevan: a una reforma de leyes penales y procesal penal, que se atacan por demasiado permisivas; a la creación de policías o “fuerzas especiales de combate contra la delincuencia” e incluso la intervención militar; la conformación de empresas privadas u organizaciones comunitarias de seguridad; o la respuesta social es de hacer justicia por propios medios.Frente a los niveles de violencia la democracia presenta uno de sus más grandes desafío para entender y atender la compleja realidad en clave de derechos humanos. Planes, políticas, programas, misiones, etc., se han tratado de implementar pero la violencia no disminuye, por el contrario aumenta. Esto amerita que el Estado adopte la lucha contra la impunidad como eje central de la agendapolítica y a su vez, ésta se incorpore transversalmente a la agenda de todos los órganos del Estado

UNA MIRADA A LA POSICIÓN OFICIAL
Desde las distintas esferas de poder del Estado ha existido incapacidad para abordar el fenómeno de la violencia con sus causas, identificar el aumento exponencial de la criminalidad e implementar soluciones ajustadas a los estándares internacionales de...