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Sr Presidente de la Excma. Cámara de Apelación
en lo Penal de Rosario

Eduardo Toniolli, Diputado Provincial, constituyendo domicilio en 9 de Julio 1677 de la ciudad de Rosario con el patrocinio letrado de Gabriel Ganón, Defensor Provincial y en todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 534 de la Ley 12.912 (“Podrá demandar tanto el afectado, como cualquier otra persona sin necesidad depoder”), ante Ud me presento y respetuosamente digo:

I.- Objeto.-
Que en función del interés que legalmente represento, vengo a interponer formal ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, conforme establecen los artículos 18 y 43 de la Constitución Nacional, en virtud de la amenaza actual, inminente y potencial que padecen todas las personas de la Provincia de Santa Fe y de manera especial losjóvenes en razón del cercenamiento constante e injerencia a la libertad ambulatoria sin razones ni motivo de legales. Los jóvenes santafesinos en su conjunto, y de manera especial aquellos pertenecientes a las clases populares, son victimas del hostigamiento policial que se materializa en la estigmatización continua que deriva en detenciones arbitrarias. Dichas detenciones son realizadas a contramano dela Constitución Nacional en flagrante violación del Artículo 18 de la CN sin el debido control judicial. Estas practicas constantes y habituales emanan de facultades policiales ilegales que derivan en ocasiones en maltratos o torturas, como ha sido de público conocimiento los recientes hechos sufridos por jóvenes de ambos sexos por personal de las Comisarías 4° y 14° de la ciudad y/o enreclutamiento para el delito. Este tipo de prácticas son encuadras en la mal denominada detención por averiguación de antecedentes en la que se aplica en forma agresiva, discriminatoria e ilegal -incluso sobre menores de edad- el Artículo 10 bis Ley 11.516, incorporado a la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia N° 7.395.
Como se sostiene, la presente acción intenta ponerel eje del debate sobre la facultad policial de detener personas sin orden judicial. Un debate político que tiene repercusiones sobre lo legal y la interpretación judicial de la legalidad de esa facultad como consecuencia, existiendo ejemplos por todos conocidos como el  “caso Bulacio”. Solo para recordar que tanto la Policía Federal como las provinciales contaban -y como se cuestiona- aún cuentancon la capacidad de detener a personas que no portaran su credencial de identidad. Los antecedentes del denominado “caso Bulacio”, que culminó en el fallecimiento del joven Walter Bulacio en la comisaría 35° de la Policía Federal Argentina, generaron reformas orientadas a regular normativamente ciertas actividades y facultades policiales. En particular, se puso en crisis las facultades derivadasdel decreto-ley 333/58, que contemplaba en su redacción originaria que “son facultades de la Policía Federal para el cumplimiento de sus funciones: detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de 24horas, a toda persona de la cual sea necesaria conocer sus antecedentes” (art. 5 inc. 1). Las alternativas propuestas en la discusión parlamentariatransitaron por el intento de abolir la cláusula de verificación de identidad (propuesta del diputado Lázara), limitarla temporalmente en 4 horas (propuesta del diputado Cortese) o restringirla a 10 horas, siendo ésta la opción finalmente aprobada en el Congreso Nacional. (Fuentes, Claudio “La inevitable “mano dura”: sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile”, Revista de CienciaPolítica, Volumen XXIV, N° 2,  p 21, Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2004). La Ley 23.950, promulgada en 1991, implicó el diseño de un conjunto de controles formales sobre la facultad policial de detención de personas para su identificación. En la Provincia de Buenos Aires, el primer Reglamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 1880 autorizaba a los miembros de la...