Yzacirigo

De todo lo anterior resulta patente que la Constitución establece una determinada
concepción de cómo debe articularse la actividad financiera y, por tanto, del Derecho
Financiero, en cuanto que impone unos principios de justicia que informan las bases del
régimen jurídico de éste.
En tal sentido, es fundamental tener presente que el artículo 31 consagra el principio de
justicia financiera.Es decir, no se preocupa sólo de fijar los criterios de justicia a la
hora de la obtención de ingresos sino que también establece el principio de justicia
material en el gasto público al exigir una asignación equitativa de los recursos públicos.
Y ello es decisivo porque la entrada del Estado en la vida económica, con un papel
protagonista, exige que el Derecho y el jurista presten atencióntanto a la justicia del
ingreso como a la justicia del gasto, pues de nada sirve exigir los tributos de acuerdo
con unos parámetros de rigurosa justicia si a la hora de realizar el gasto público éste
desequilibra la balanza que tan meticulosamente se había logrado
En este orden de reflexiones conviene subrayar la importancia del Derecho
Financiero como instrumento de lo que BOBBIO llama funciónpromocional del
Ordenamiento jurídico puesto que la Constitución consagra, en muchos preceptos, la
transformación de las funciones que se encomiendan al Estado contemporáneo,
estableciendo en numerosos artículos, además de la tradicional función garantista, la
función promocional. De modo que el De techo Financiero, en cuanto constituye la
ordenación jurídica de la Hacienda Pública, esesencialmente un Derecho redistributivo
cuyo núcleo está formado por los problemas derivados del empleo de los recursos
obtenidos; es decir, la problemática de las relaciones entre el ingreso y el gasto.
Ello nos sitúa frente a dos cuestiones, al menos, de extraordinaria importancia que
se le plantean hoy al Derecho Financiero. De una parte, el incremento de las funciones
estatales, con el paso delEstado liberal al Estado social de Derecho en el que se asigna a
la Hacienda Pública un papel redistributivo, como ya hemos indicado, conduce a un
notable aumento del volumen del gasto público y, en esta situación, las decisiones sobre
el aumento del gasto público van a incidir necesariamente en la elección, en el campo de
los ingresos, acerca de los diferentes mecanismos para financiaraquel. Y si bien es
cierto que del artículo 31.1 de la Constitución se desprende que ha de ser el tributo el
principal método para la cobertura de los gastos públicos, el incremento de las
necesidades y servicios que pueden hoy día reputarse esenciales y la articulación de
diversos instrumentos técnico-jurídicos que permiten a los Entes públicos que satisfacen
esas necesidades y prestan esosservicios obtener los medios económicos para
atenderlos requieren superar las categorías tributarios clásicas en orden a lograr que
ciertos principios fundamentales, como el de capacidad económica y el de legalidad,
que tradicionalmente se han vinculado con el tributo, y a los que posteriormente nos
referiremos, se proyecten también sobre otras clases e ingresos públicos porque siendo
diversas lasformas de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos todas ellas
deben responder a unos mismos principios formales y materiales de justicia que
constituyan un mínimo común denominador en aras a garantizar la justicia en la
distribución de las cargas públicas y, en definitiva, en orden a lograr la plena justicia
financiera.
Esta tesis, que propugna una construcción unitaria de losingresos
públicos encuentra apoyo en el artículo 31 de la Constitución, donde se recogen los dos
principios que antes citábamos de expresa: capacidad económica y reserva de ley.
Centrándonos sólo en este último como piedra de toque de la tesis que sostenemos,
comenzaremos recordando que el principio de reserva de ley o de legalidad que
establece el citado artículo se proclama en su apartado 3...