a favor del aumento por la pena de agresión a una autoridad pública

El concepto legal del delito de atentado, que implica un ataque material al principio de autoridad encarnado en las personas que la ostentan, viene definido en el artículo 550 del C.P., dentro del Capítulo II del Título XXII, bajo la rúbrica «De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia».
Dice el precepto mencionado que sonreos de atentado «los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».
Sujeto activo puede ser cualquier persona, en tanto que el sujeto pasivo ha de ser necesariamente una autoridad, un agente deésta o un funcionario público.
El concepto penal de funcionario público y de autoridad viene delimitado en el artículo 24 del Código, que considera funcionario público «todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas», reputando autoridad «al que por sí solo o como miembro de algunacorporación, Tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia», considerando, en todo caso, como autoridades a los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asamblea legislativa de comunidad autónoma y del Parlamento Europeo, así como los miembros del Ministerio Fiscal.
Pero en el ordenamiento jurídico español no encontramos un concepto legal de qué debe entenderse porAgente de la Autoridad. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se limita a señalar en su artículo 7.1 que, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la Autoridad. La sentencia del T.S. de 5 de octubre de 1974 define al Agente de la Autoridad como «aquél que,por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia o policía pública». Dentro de este concepto, evidentemente deben incluirse los funcionarios policiales.
A tenor de la redacción del artículo 550 del C.P., el sujeto pasivo ha de ser atacado cuando se halle realizando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Como dice la S.T.S. de 24 de noviembre de 1993, allí donde un previoejercicio de la función pública ha determinado la acción del autor podemos encontrarnos ante un delito de atentado, aunque el hecho tenga lugar cuando el funcionario no se halle ejerciendo la misma.
Además, la conducta es atípica cuando el funcionario actúa fuera del marco de su competencia o se extralimita en el ejercicio de sus funciones, como ha venido señalando reiteradamente la jurisprudenciadel Tribunal Supremo (SS.T.S. de 4 de octubre de 1988 y 28 de junio de 1992, entre otras). Así, la S.T.S. de 3 de febrero de 1993 afirma que «la jurisprudencia de esta Sala viene reconociendo que cuando los sujetos pasivos del atentado se exceden de sus funciones o abusan notoriamente de su cometido pierden la cualidad que fundamenta la especial protección de la Ley», aunque también niega que talpérdida de la tutela legal pueda ocurrir si se trata de extralimitaciones leves.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo en el delito de atentado la presencia de un dolo específico, que comprende el conocimiento por parte del sujeto activo de la condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público del sujeto pasivo y la intención de menoscabar el principio de autoridad(S.T.S. de 27 de noviembre de 1986 y 14 y 20 de diciembre del mismo año, entre otras). Como dice la S.T.S. de 28 de diciembre de 1988 el dolo o contenido subjetivo de la acción abarca en el delito de atentado tanto la condición del sujeto pasivo como el hecho de hallarse en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, y la doctrina jurisprudencial agrega un especial contenido del...