A Seis A Os De La Reforma Constitucional En Materia Penal

A seis años de la Reforma Constitucional en materia Penal, sólo Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos han instrumentado en su totalidad el nuevo sistema penal acusatorio, mientras que en siete estados y el Distrito Federal ni siquiera está operando y en 20 entidades lo han hecho de manera parcial.
Así lo revela el “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de laimplementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, realizado por segundo año consecutivo por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Aunque las entidades tienen como plazo constitucional el 18 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, de seguir con el mismo ritmo de avance existe el riesgo de incumplimiento o que el resultado sea una implementacióndeficiente, sostiene el informe.
Este es uno de los puntos más preocupantes, pues “el mayor riesgo de la reforma penal es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres; lo esencial, a estas alturas, es atender los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes”, concluye el documento.
Muestra de ello es que aunque entidades como el Estado deMéxico logró implementar un nuevo sistema penal, opera de “muy deficiente” pues no están poniendo en funcionamiento medidas como las salidas alternativas restaurativas ni han cambiado sus modelos de trabajo a la oralidad, que es uno de los cambios clave en la reforma.
“Siguen trabajando como si estuvieran integrando averiguaciones previas y eso se ve en las audiencias porque tenemos a ministeriospúblicos que están leyendo, en lugar de hacer uso de la oralidad. Por eso no logramos ver los beneficios que debía traer este nuevo sistema de justicia”, dice en entrevista, María Novoa, directora del proyecto.
Para ser considerado como un estado en operatividad total, su nuevo sistema de justicia debe estar funcionando en todo su territorio y para todos los delitos, por lo que hasta el momento solocuatro han cumplido con estos criterios.
La investigadora Novoa afirma que la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado por el Ejecutivo en marzo pasado abonará a una efectiva aplicación, pues este reemplaza a los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal, con lo que logra la homologación de la procuración y la administración de justicia en el país.
Perosi bien son cambios normativos positivos, “resultan insuficientes”, toda vez que no existen planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes. Además, aún falta que se armonicen leyes secundarias, tanto en el ámbito estatal como en el Federal.
También es urgente elaborar protocolos y manuales que permitan aterrizar en la gestión diaria de lasinstituciones los preceptos establecidos en las leyes nacionales. “Por ende, armonización normativa tanto por los Congresos como al interior de las instituciones es la tarea impostergable”, dice el informe.
¿Quién es quién en materia de justicia?
El estudio del CIDAC incluye el análisis comparativo entre las entidades de todo el país bajo cuatro criterios de avance: coordinación y flujo de información,simetría institucional, ritmos de la implementación y participación ciudadana.
Aquí tomaron en cuenta el avance eficaz de los procesos del nuevo sistema de justicia penal, aunque no hayan concluido. De ahí que, incluso, aquellos estados que ya están operando completamente lo han hecho de manera deficiente, como es el caso del Estado de México y Morelos, por lo que no figuran entre los primeros lugaresdel ranking.
Para evaluar a todas las entidades se elaboró un índice con la comparación de cada entidad federativa frente a ella misma respecto de los resultados obtenidos en el Reporte del año pasado, también con el resto de las entidades y contra un estándar objetivo esperado de avance (referencia respecto de un nivel de desarrollo ideal u óptimo para esta etapa de la implementación, de...