INFORME Nº 134/10

INFORME Nº 134/10
DECISIÓN DE ARCHIVO
CASO 11.642
COLOMBIA1
23 de octubre de 2010

PRESUNTA VÍCTIMA: José Fernando Torres Quinteros, Dairo Martín Agaton Rojas, Manuel de Jesús Lasprilla Yasno, Yesid Ortiz Alemesa, William Tabares Benjumea, Edgar Carreño Rodríguez, Guillermo Quintero Roballo, Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riano

PETICIONARIO: Corporación Colectivo deAbogados – José Alvear Restrepo

VIOLACIONES ALEGADAS: Artículos 1(1), 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE: 20 de junio de 1996


I. POSICIÓN DE LOS PETICIONARIOS

1. El 30 de mayo de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Corporación Colectivo deAbogados – José Alvear Restrepo, (en adelante, “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad del Estado de Colombia por las presuntas torturas y ejecución extrajudicial de José Fernando Torres Quinteros, Dairo Martín Agaton Rojas, Manuel de Jesús Lasprilla Yasno, Yesid Ortiz Alemesa, William Tabares Benjumea, Edgar Carreño Rodríguez, Guillermo Quintero Roballo y el intento de ejecuciónextrajudicial de Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riano a manos de agentes del Estado.

2. Los peticionarios alegaron que el 7 de marzo de 1996 José Fernando Torres Quinteros, Dairo Martín Agaton Rojas, Manuel de Jesús Lasprilla Yasno, Yesid Ortiz Alemesa, William Tabares Benjumea, Edgar Carreño Rodríguez, Guillermo Quintero Roballo, Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Rianose encontraban de paseo en el desierto de la Tatacoa, en las cercanías de Neiba, departamento de Huila, donde siete de ellos fueron asesinados por miembros del Batallón de Infantería “Tenerife”, perteneciente a la Novena Brigada del Ejército Nacional. Indicaron que Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riano lograron escapar con vida.

3. Los peticionarios afirmaron que el 20 de marzode 1996 se inició investigación por los hechos a cargo del Juzgado 35 Penal Militar de Leiva. Alegaron que el 26 de noviembre de 1996 se ordenó la cesación de todo procedimiento contra los soldados vinculados al proceso. Asimismo, los peticionarios indicaron que el 15 de setiembre de 1997 el Tribunal Superior Militar confirmó la decisión de la primera instancia.

4. Por otro lado, alegaronque el 5 de diciembre de 1996 la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria. Adicionalmente, manifestaron que el 5 de marzo de 1998 los familiares de las presuntas víctimas presentaron una demanda contra el Ejército Nacional ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Huila, a fin de obtener la indemnización porlos perjuicios materiales y morales.

5. Respecto al agotamiento de recursos internos los peticionarios sostuvieron que dada la ineficacia de la jurisdicción penal militar consideran que se debe aplicar la excepción sobre el agotamiento de recursos internos establecida en el artículo 46(2)(b) de la Convención Americana.

6. Los peticionarios alegaron que el Estado era responsable por laviolación del derecho a la vida, integridad personal y a las garantías y protección judiciales, contemplados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1(1).

II. POSICIÓN DEL ESTADO

7. En respuesta al reclamo de los peticionarios, el Estado consideró que la petición era inadmisible en tanto no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.Al respecto, sostuvo que existía un proceso pendiente ante la jurisdicción contencioso administrativa, el cual sería efectivo en tanto busca reparar a los familiares de las presuntas víctimas.

8. El Estado afirmó que la eficacia del proceso penal militar debía analizarse en cada caso, por lo que no se podía concluir que cualquier proceso militar penal vulneraba la Convención Americana....