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MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 31 de julio de 2012 la procuraduría de Nuevo León le entregó a Juana Solís Barrio una bolsa con 166 fragmentos óseos que, le dijeron, pertenecían a su hija, Brenda Damaris González Solís, desaparecida un año atrás en el municipio de Santa Catarina, una de las zonas controladas por los llamados “polizetas”, es decir, los cuerpos policiacos al servicio de Los Zetas.Peroella desconfió pues no le entregaron pruebas de ADN para acreditar que los fragmentos correspondían realmente a su hija. De hecho, dice, tenían más de un año resguardados por la dependencia; tampoco le dijeron dónde encontraron esos restos ya sin tejido blando.Las autoridades ministeriales de Nuevo León le ordenaron incinerarlos y luego llevar las cenizas al panteón. Con ello pretendían darlecarpetazo a su caso, como lo hacen con los cientos de víctimas en esa entidad.Días antes de que le entregaran los fragmentos, doña Juana enfrentó a un grupo de militares que descubrieron una fosa clandestina en Santa Catarina. Quería saber si entre los restos óseos estaban los de Brenda Damaris. Como llevaba una manta con la foto de su hija, la amonestaron pues según ellos se trataba de unanarcomanta.A pesar de su desconfianza, la señora Solís enterró los fragmentos en el cemente­rio municipal de García, pero no los incineró. Colocó una cruz de madera azul cielo sin nombre. Y buscó a Leticia Hidalgo, madre de otro desaparecido que hoy dirige la Fundación de Desaparecidos de Nuevo León. Tras exponerle su caso le contó que no pensaba ceder a las presiones de otras organizaciones nogubernamentales que le pedían cerrar el expediente de su hija.Dos años después, Juana Solís y Lety Hidalgo contactaron a Ernesto Schwartz y Rodolfo Franco, dos jóvenes académicos fundadores de la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC), que promueve un modelo de “búsqueda activa” para “quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad” en torno a las decenas de miles de desaparecidos enMéxico.Este año la asociación recibió un financiamiento de 250 mil libras (5.5 millones de pesos) de la Universidad Durham, Gran Bretaña, para realizar pruebas de ADN independientes, elaborar una base de datos sobre las víctimas de desapariciones en México e impulsar con los familiares y no con las autoridades un nuevo modelo de búsqueda y confirmación de la identidad de los restos que le han entregadoa decenas de personas.En septiembre pasado Schwartz, Franco y la señora Solís obtuvieron la autorización para exhumar los restos que le entregaron a ella las autoridades de Nuevo León. Los apoyaron los integrantes del Equipo Peruano de Antropología Forense, responsables del proceso y de la cadena de custodia de los restos.Los fragmentos fueron enviados al laboratorio de Bode Technology, enWashington, donde les dijeron que los resultados estarán listos en enero de 2015. Se trata del primero de los 450 casos de personas registradas por el GFC como desaparecidas.“Si son los restos de mi hija, tendremos la tranquilidad de la familia y veremos quiénes son los responsables y por qué lo hicieron. Y si no son, seguiremos buscando la verdad”, declaró la madre de Brenda Damaris.El caso es apenasuna pequeña muestra de las dimensiones de la tragedia sobre las desapariciones forzadas en México. Las cifras oficiales mencionan entre 25 mil y 27 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Se desconoce cuántos de esos casos pueden clasificarse como desapa­riciones forzadas por ser resultado de la intervención de las autoridades o de las fuerzas de seguridad pública (policías y efectivosmilitares).­De acuerdo con el estudio más reciente de GFC, el del jueves 11, en 97% de los casos estudiados los familiares siguen buscando a sus desaparecidos. De ese universo, 38% ocurrió en Guerrero, 20% en el Estado de México, 10% en Tamaulipas, 5% en Nuevo León y 4% en Coahuila.En 97% de los casos, 85% se trata de hombres y el 12% restante corresponde a mujeres y, según los avances del estudio,...