o Lapis Do Carpinteiro

Las constituciones políticas de los Estados modernos, tienen por objeto principal la regulación de las relaciones humanas entre sí, su interacción con el Estado y la correlación de los órganos y ramas de éste en situaciones de normalidad. Sin embargo el Estado de Derecho puede verse atacado violentamente por los que buscan su destrucción por lo que se contemplan una serie de regulaciones para lasépocas en las que se presenten actos y hechos anormales que pueden afectar la aplicación del orden normativo existente y cuyo objeto final es la preservación de la vigencia de las instituciones ordinarias y el restablecimiento de su pleno vigor. Dicha regulación se hace a través de distintas situaciones excepcionales del Estado.
Estas situaciones excepcionales se caracterizan por ser unagarantía constitucional frente a esos posibles ataques, pues con estas situaciones se asegura la continuidad de la Constitución como ley fundamental del Estado.
Se prevén tres posibles estados (de alarma, de excepción y de sitio), estas situaciones coinciden en que procederán cuando por circunstancias extraordinarias se hiciese imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios(art.1.1 de la Ley Orgánica 4/81), su declaración corresponde a la autoridad civil (correspondiendo a la militar cuando se presenta una urgencia insuperable) por lo que sus efectos son la ampliación de poderes de la autoridad civil (y en su caso la militar). “La declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato en el Boletín Oficial del Estado y difundidaobligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determine, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación de aquél.” (art.2 de la Ley Orgánica 4/81). Tienen unas medidas a adoptar y su duración serán las estrictamente necesarias para restablecer las mismas. Durante la vigencia de estos estados se mantiene el control jurisdiccional de los actosdictados por la Administración pública y la obligación de indemnizar los daños injustamente causados (art.3.1 de la Ley Orgánica 4/81).
El principio general de estas situaciones excepcionales del Estado es el de alteración mínima de la vida constitucional. Por eso no debe suponer efecto alguno sobre la vigencia de los derechos fundamentales. Así como el Congreso no procederá a su disolución(art.116.5) y la declaración de estos estados no modificará la responsabilidad del Gobierno (art.116.6).
La regulación de estas situaciones se realiza en los artículos 55 y 116 de la Constitución. Pero además deberá regularse por ley orgánica, lo que le corresponde a la ya anteriormente comentada Ley Orgánica 4/1981.
Siendo el estado de alarma el primero de los previstos en el capítulo II (artículo 4 al12) de dicha ley orgánica y en el artículo 116.2 de la Constitución. Cabe decir que procede en las circunstancias de catástrofes públicas (como terremotos, inundaciones…), crisis sanitarias (como epidemias, contaminaciones graves…), paralización de servicios públicos (como ha sucedido por primera vez en 35 años de la historia de la democracia española el sábado 4 de diciembre de 2010 en elGobierno de España, declarándose estado de alarma como motivo del cierre del tráfico aéreo por la ausencia de controladores aéreos) y en situaciones de desabastecimiento. Estos supuestos se recogen en el artículo 4 de la LO 4/81.
La declaración del estado de alarma corresponde al Gobierno, actuando de oficio o a petición del presidente de la Comunidad Autónoma afectada (art. 5, LO 4/81) y se llevará acabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros (art.6.1 LO 4/81), en este se determinará el ámbito territorial, la duración (que no podrá exceder de quince días; sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados como ha ocurrido en el estado de alarma actual español) y los efectos del estado de alarma en dicha duración (art.6.2 LO 4/81). Estos efectos pueden...