T 16530 12 05 04 Fuero Militar
Páginas: 7 (1635 palabras)
Publicado: 2 de mayo de 2015
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 40.
Bogotá D.C., mayo doce (12) de dos mil cuatro (2004).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el apoderado de JOSÉ ANCIZAR HINCAPIÉ BETANCOURTH, en procura de amparo para su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado porel Tribunal Superior Militar al decidir el envío de la actuación a la Jurisdicción Ordinaria desatendiendo lo fallado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante auto de fecha marzo 16 de 1995, por cuyo medio dirimió un conflicto de competencias en favor de la Justicia Penal Militar.
FUNDAMENTOS DE LA ACCION
Contra el Teniente Coronel José Ancizar Hincapié y otros uniformadospertenecientes al Comando de la Brigada número 9 con sede en el departamento de Huila, se inició investigación penal por parte de la Fiscalía Regional por los presuntos delitos de secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas y conformación de grupos sicariales, cometidos en el año de 1994.
El 8 de diciembre de ese año, el Comandante de la misma Brigada, remitió escrito al Fiscal Regional, en el cualle solicitó el envío del expediente por considerar que la competencia radicaba en la Justicia Penal Militar, petición a la que no accedió el fiscal, trabándose de inmediato conflicto positivo de competencias.
La colisión fue dirimida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante proveído de 16 de marzo de 1995, en favor de la Justicia Penal Militar (consalvamento de voto de los Magistrados Doctores Amelia Mantilla Villegas y Álvaro Echeverri Uruburu), al considerar que:
“los casos examinados, de acuerdo con lo que hasta ahora se ha demostrado y conforme se deja resumido, se realizaron con ocasión el servicio, por cuanto la prestación efectiva de la actividad encomendada a las fuerzas militares, se constituyó en circunstancia propicia detiempo, modo y lugar para la realización de las conductas que se investigan, como surge de la providencia que resuelve la situación jurídica de los encartados”.
Con motivo de la decisión anterior, el proceso continuó su curso en la Justicia Castrense, en donde el Comandante de la Novena Brigada convocó a Consejo Verbal de Guerra con intervención de vocales. Efectuada la audiencia, la Presidenciade dicho Consejo acogió algunos veredictos y otros los declaró contrarios a la evidencia procesal.
A fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior Militar, mediante providencia del 27 de noviembre de 1997, decidió remitir el caso a la Justicia Ordinaria, pues estimó que la sentencia C-358 del 5 de agosto 1997 de la CorteConstitucional, modificó los criterios para determinar en qué casos operaba el fuero militar.
El capitán Enrique Camacho Jiménez, también vinculado a la actuación procesal, consideró que la anterior decisión configuraba una vía de hecho por desconocimiento del fallo del Consejo Superior de la Judicatura que ya había dirimido el conflicto y, por esa razón, incoó acción de tutela en su contra.
En primerainstancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, el 29 de junio de 1999, negó la tutela interpuesta, pero el Consejo Superior de la Judicatura, por vía de apelación, el 16 de septiembre siguiente, revocó la anterior determinación y tuteló el derecho al debido proceso del accionante declarando la nulidad de la decisión adoptada por el Tribunal Superior Militar.Una Sala de Revisión de Tutelas, mediante sentencia T-298 del 16 de marzo de 2000, revocó la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmó la del Consejo Seccional de la Judicatura, esto es, la que negó la acción de tutela orientada a que se dispusiera que la competencia correspondía a la Justicia Penal Militar.
El accionante, en el caso que ahora concita la atención de la Sala, al...
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 40.
Bogotá D.C., mayo doce (12) de dos mil cuatro (2004).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el apoderado de JOSÉ ANCIZAR HINCAPIÉ BETANCOURTH, en procura de amparo para su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado porel Tribunal Superior Militar al decidir el envío de la actuación a la Jurisdicción Ordinaria desatendiendo lo fallado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante auto de fecha marzo 16 de 1995, por cuyo medio dirimió un conflicto de competencias en favor de la Justicia Penal Militar.
FUNDAMENTOS DE LA ACCION
Contra el Teniente Coronel José Ancizar Hincapié y otros uniformadospertenecientes al Comando de la Brigada número 9 con sede en el departamento de Huila, se inició investigación penal por parte de la Fiscalía Regional por los presuntos delitos de secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas y conformación de grupos sicariales, cometidos en el año de 1994.
El 8 de diciembre de ese año, el Comandante de la misma Brigada, remitió escrito al Fiscal Regional, en el cualle solicitó el envío del expediente por considerar que la competencia radicaba en la Justicia Penal Militar, petición a la que no accedió el fiscal, trabándose de inmediato conflicto positivo de competencias.
La colisión fue dirimida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante proveído de 16 de marzo de 1995, en favor de la Justicia Penal Militar (consalvamento de voto de los Magistrados Doctores Amelia Mantilla Villegas y Álvaro Echeverri Uruburu), al considerar que:
“los casos examinados, de acuerdo con lo que hasta ahora se ha demostrado y conforme se deja resumido, se realizaron con ocasión el servicio, por cuanto la prestación efectiva de la actividad encomendada a las fuerzas militares, se constituyó en circunstancia propicia detiempo, modo y lugar para la realización de las conductas que se investigan, como surge de la providencia que resuelve la situación jurídica de los encartados”.
Con motivo de la decisión anterior, el proceso continuó su curso en la Justicia Castrense, en donde el Comandante de la Novena Brigada convocó a Consejo Verbal de Guerra con intervención de vocales. Efectuada la audiencia, la Presidenciade dicho Consejo acogió algunos veredictos y otros los declaró contrarios a la evidencia procesal.
A fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior Militar, mediante providencia del 27 de noviembre de 1997, decidió remitir el caso a la Justicia Ordinaria, pues estimó que la sentencia C-358 del 5 de agosto 1997 de la CorteConstitucional, modificó los criterios para determinar en qué casos operaba el fuero militar.
El capitán Enrique Camacho Jiménez, también vinculado a la actuación procesal, consideró que la anterior decisión configuraba una vía de hecho por desconocimiento del fallo del Consejo Superior de la Judicatura que ya había dirimido el conflicto y, por esa razón, incoó acción de tutela en su contra.
En primerainstancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, el 29 de junio de 1999, negó la tutela interpuesta, pero el Consejo Superior de la Judicatura, por vía de apelación, el 16 de septiembre siguiente, revocó la anterior determinación y tuteló el derecho al debido proceso del accionante declarando la nulidad de la decisión adoptada por el Tribunal Superior Militar.Una Sala de Revisión de Tutelas, mediante sentencia T-298 del 16 de marzo de 2000, revocó la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmó la del Consejo Seccional de la Judicatura, esto es, la que negó la acción de tutela orientada a que se dispusiera que la competencia correspondía a la Justicia Penal Militar.
El accionante, en el caso que ahora concita la atención de la Sala, al...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.