T-548/96
Páginas: 7 (1531 palabras)
Publicado: 15 de febrero de 2014
Sentencia T-548/96
ESPACIO PUBLICO-Plan de reubicación para recicladores
Cuando la administración -por haber permitido la ocupación del espacio público durante un largo lapso y omitido la adopción y práctica de medidas para impedirlo- genera en los ocupantes la equivocada creencia de que les asiste derecho sobre aquel, así como expectativas alrededor de una solución al problema devivienda, debe diseñar y ejecutar un plan de reubicación adecuado y razonable en favor de los administrados que resulten desplazados a causa de las actuaciones encaminadas a la recuperación del espacio público por ellos ocupado.
Referencia: Expediente T-106.469
Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre diecisiete (17) de mil novecientos noventa y seis (1996).
El 18 de junio de 1996, invocando laprotección debida a los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, la libre circulación, el trabajo, la familia, la seguridad social, la vivienda y la propiedad, el Defensor del Pueblo (E) Regional de Cúcuta, en representación de Rosalba Moreno, Edgar Ignacio Pabón, Jhon Leonardo Torrado Bayona, Carlos Julio Hernández, Juana María Pérez, Miguel Arcángel Bustos, Marco Tulio Taborda Gómez,Idalida Orjuela Caicedo, Ricardo Torres Maldonado y Blanca Edilia García Carvajal, así como de los menores Luis Alberto Gutiérrez, Arnoldo Enrique Gutiérrez, Deiner Fabián Hernández Pérez, Yile Johana Hernández Pérez, Huber Alexander Hernández Pérez y Jean Carlos Hernández Pérez, instauró acción de tutela en contra de la Alcaldía Metropolitana de Cúcuta.
De acuerdo con la solicitud de tutela ycon diversos documentos que obran en autos, las personas arriba mencionadas se dedican a la recolección y reciclaje de diferentes materiales y ocupan, desde hace 5 años, una zona ubicada en las márgenes izquierda y derecha del Río Pamplonita, sector del Paseo Los Próceres "Malecón" y comprendida entre el puente Jorge Gaitán Durán y el puente San Rafael de la ciudad de Cúcuta.
Medianteresolución No. 0615 del 10 de mayo de 1996, la administración municipal ordenó el "lanzamiento físico de todas y cada una de las personas" ubicadas en el área referida y, ante la solicitud de algunos afectados por la diligencia de desalojo, el Defensor del Pueblo se reunió con el Alcalde encargado, funcionario que se mostró partidario de proseguir las actuaciones orientadas a recuperar el espaciopúblico.
El día 15 de mayo de 1996, las inspectoras Primera y Segunda de Policía procedieron a efectuar la "diligencia de lanzamiento y demolición", la cual se cumplió parcialmente y fue suspendida gracias a la intervención del Defensor del Pueblo, quien también logró detener, el 24 de junio del año que cursa, una segunda diligencia, mientras se producía fallo en la acción de tutela impetrada.
LaSala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta concedió la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y ordenó al alcalde tomar, dentro del término de 2 meses, "las medidas necesarias para la reubicación de las personas que instauraron la acción". La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia del Tribunal y denegó elamparo pedido, mediante providencia de la que se apartaron dos magistrados.
Para resolver, se reitera la jurisprudencia plasmada en la sentencia No. T-617 de 1995, así:
1. Según las voces del artículo 82 de la Constitución Política, la protección del espacio público y su destinación al uso común constituyen deber del Estado, correspondiéndole a las entidades públicas regular la utilizacióndel suelo; por ende, es legítima la actuación de la autoridad que, en ejercicio del poder de policía, ordena el desalojo de aquellas personas que, de manera irregular, ocupan el espacio público. Sin embargo, siendo evidente que una medida de esta naturaleza implica un conflicto entre el cumplimiento del deber constitucional y los derechos de los afectados, reconocidos y garantizados por la...
ESPACIO PUBLICO-Plan de reubicación para recicladores
Cuando la administración -por haber permitido la ocupación del espacio público durante un largo lapso y omitido la adopción y práctica de medidas para impedirlo- genera en los ocupantes la equivocada creencia de que les asiste derecho sobre aquel, así como expectativas alrededor de una solución al problema devivienda, debe diseñar y ejecutar un plan de reubicación adecuado y razonable en favor de los administrados que resulten desplazados a causa de las actuaciones encaminadas a la recuperación del espacio público por ellos ocupado.
Referencia: Expediente T-106.469
Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre diecisiete (17) de mil novecientos noventa y seis (1996).
El 18 de junio de 1996, invocando laprotección debida a los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, la libre circulación, el trabajo, la familia, la seguridad social, la vivienda y la propiedad, el Defensor del Pueblo (E) Regional de Cúcuta, en representación de Rosalba Moreno, Edgar Ignacio Pabón, Jhon Leonardo Torrado Bayona, Carlos Julio Hernández, Juana María Pérez, Miguel Arcángel Bustos, Marco Tulio Taborda Gómez,Idalida Orjuela Caicedo, Ricardo Torres Maldonado y Blanca Edilia García Carvajal, así como de los menores Luis Alberto Gutiérrez, Arnoldo Enrique Gutiérrez, Deiner Fabián Hernández Pérez, Yile Johana Hernández Pérez, Huber Alexander Hernández Pérez y Jean Carlos Hernández Pérez, instauró acción de tutela en contra de la Alcaldía Metropolitana de Cúcuta.
De acuerdo con la solicitud de tutela ycon diversos documentos que obran en autos, las personas arriba mencionadas se dedican a la recolección y reciclaje de diferentes materiales y ocupan, desde hace 5 años, una zona ubicada en las márgenes izquierda y derecha del Río Pamplonita, sector del Paseo Los Próceres "Malecón" y comprendida entre el puente Jorge Gaitán Durán y el puente San Rafael de la ciudad de Cúcuta.
Medianteresolución No. 0615 del 10 de mayo de 1996, la administración municipal ordenó el "lanzamiento físico de todas y cada una de las personas" ubicadas en el área referida y, ante la solicitud de algunos afectados por la diligencia de desalojo, el Defensor del Pueblo se reunió con el Alcalde encargado, funcionario que se mostró partidario de proseguir las actuaciones orientadas a recuperar el espaciopúblico.
El día 15 de mayo de 1996, las inspectoras Primera y Segunda de Policía procedieron a efectuar la "diligencia de lanzamiento y demolición", la cual se cumplió parcialmente y fue suspendida gracias a la intervención del Defensor del Pueblo, quien también logró detener, el 24 de junio del año que cursa, una segunda diligencia, mientras se producía fallo en la acción de tutela impetrada.
LaSala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta concedió la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y ordenó al alcalde tomar, dentro del término de 2 meses, "las medidas necesarias para la reubicación de las personas que instauraron la acción". La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia del Tribunal y denegó elamparo pedido, mediante providencia de la que se apartaron dos magistrados.
Para resolver, se reitera la jurisprudencia plasmada en la sentencia No. T-617 de 1995, así:
1. Según las voces del artículo 82 de la Constitución Política, la protección del espacio público y su destinación al uso común constituyen deber del Estado, correspondiéndole a las entidades públicas regular la utilizacióndel suelo; por ende, es legítima la actuación de la autoridad que, en ejercicio del poder de policía, ordena el desalojo de aquellas personas que, de manera irregular, ocupan el espacio público. Sin embargo, siendo evidente que una medida de esta naturaleza implica un conflicto entre el cumplimiento del deber constitucional y los derechos de los afectados, reconocidos y garantizados por la...
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