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ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PÚBLICA
Documento de fundamentación*

I. El Punto de Partida
No obstante existir en los últimos años un mayor nivel de conciencia sobre el
estado -muchas veces crítico- de los servicios de asistencia legal y defensa
pública en la región, no siempre se atendió con intensidad al diseño y puesta en
marcha de mecanismos superadores de modelos de servicio que mostraban, sinembargo, una desconexión con las necesidades de la realidad.
La circunstancia de que –sobre todo en Latinoamérica, y en la esfera del
procedimiento penal- los porcentajes de casos que estos servicios cubren sobre el
total de tramitados se encuentre cercano al 100%, obliga a considerar la cuestión
como de absoluta relevancia para la administración de justicia en su conjunto.1
Además, los procesosde reforma de la justicia penal se guían por el modelo
procesal penal acusatorio, que busca que se garanticen plenamente los
reaseguros del debido proceso en el mismo. Por ello la inexistencia de un sistema
de defensa pública, o su funcionamiento inadecuado, son tanto una afectación al
debido proceso, como una inconsistencia con el impulso del modelo procesal
propuesto2.
* Documento elaborado porMaría Fernanda López Puleio, bajo los términos de referencia del Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA).
En Colombia y en Perú, por ejemplo, y según datos de diciembre de 1997, el nivel de casos asignados a la
defensa pública en relación a la población penitenciaria total superaba el 62% (Los Sistemas de Defensa Pública en
Bolivia, Colombia y Perú. Un análisis comparado; ComisiónAndina de Juristas, Lima, 1998, págs. 71 y 72). En
Argentina se ha producido en los últimos años un crecimiento extraordinario del porcentaje de casos que lleva la
defensoría oficial. En el ámbito Federal y de la Ciudad de Buenos Aires, las estadísticas cruzadas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y de las Defensorías Públicas Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal,
arrojanguarismos muy elevados, sobre todo en relación a las causas ingresadas en etapa de juicio oral: mientras
que en el año 1994 el porcentaje de cobertura de casos de la defensa oficial en relación al total de casos ingresados
a los Tribunales Orales en lo Criminal era del 64%, en 1995 del 68%, en 1996 del 70%, en 1998 del 83%, en 1999
del 82 %, hasta llegar en el primer semestre del año 2000 al 92% delos casos totales. Piénsese entonces que sólo
el 8% de abogados particulares tienen participación en este ámbito (del Informe Anual de la Defensoría General
de la Nación al Congreso Nacional, marzo de 2001). En algunos países que prevén sistemas mixtos de asistencia
legal, se establecen de antemano segmentos de participación de cada grupo. Así, en Inglaterra, donde prevalece el
sistema judicare(abogados de profesión libre brindando defensa de oficio), no se había permitido a los Centros de
derecho (clínicas jurídicas) tramitar asuntos penales que involucraran a adultos, con el argumento de competencia
profesional. (ver, por todos, Mauro Cappelletti & Brian Garth; Access to Justice, Ed. Giuffre-Sijthoff, 1979).

1

Diego García Sayán; en presentación al libro Los sistemas de Defensa Públicaen Bolivia, Colombia y Perú, Comisión
Andina de Juristas, Lima, 1998.

2

Ahora, todo análisis de los modelos de asistencia legal y defensorías públicas,
deberá siempre propender a la constatación de que, en el caso individual, la
asistencia y representación técnica efectuada ha sido eficiente; este es el objetivo
de todo sistema, y este es el baremo que mide la eficacia del modelo.

I.1.Protección del derecho de defensa en los tratados internacionales de derechos
humanos
El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en
proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que le se asigne uno
a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de medios...