Abogado

Santiago, veintisiete de junio de dos mil doce. VISTOS: En los autos Rol 7423-2010 de esta Corte Suprema, sobre recurso de reclamación interpuesto por el abogado Javier Castro Caro, en representación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Región de Los Lagos en contra de la resolución Nº 446, de 24 de mayo de 2010, dictada por el Director Regional de Aguas por sentencia de la Corte deApelaciones de Puerto Montt, de 18 de agosto de 2010, que se lee a fojas 39, se acogió la oposición de la primera respecto de la solicitud presentada por Inversiones El Caudal Limitada, para la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Chaiquil, ubicado al interior del Parque Nacional Chiloé, en la Región de los Lagos, la que en consecuencia fue denegada. Contra esta decisión,la Dirección Regional de Aguas de Los Lagos dedujo recurso de casación en el fondo por medio de su presentación de fojas 43. A fojas 64, se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO PRIMERO: Que por este arbitrio se denuncia la contravención al artículo 10 letra p) de la Ley Nº 19.300, en relación a lo dispuesto en los artículos 22 y 141 inciso final del Código de Aguas, como asimismo elartículo 3º inciso 1º de la Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América, también conocida como “Convención de Washington”, publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 1967, normas estas que, según concluye el fallo, sustentarían la improcedencia de la solicitud y justificando, de contrario, la legitimidad de la oposición ejercida en esainstancia a través de la reclamación a que se refiere el artículo 137 del Código de Aguas. SEGUNDO: Que la autoridad administrativa que sostiene el presente

recurso, afirma que de la sola lectura de las normas impugnadas se puede colegir que sí es posible que un derecho de aguas afecte a un área protegida, pues no existe norma que establezca una prohibición absoluta de desarrollar actividades dentrode esas zonas, y las que se encuentren autorizadas pueden requerir derechos de aprovechamiento para su ejecución, lo que según el fallo, erradamente, estaría absolutamente vedado. TERCERO: Que, más adelante, se asevera por el impugnante que la propia CONAF ha requerido de los mismos derechos para cumplir con sus atribuciones legales, por lo que lo resuelto por la Corte de Alzada podría afectarincluso a las propias áreas protegidas por esa repartición pública. Sin perjuicio de lo anterior, se señala que en la respectiva tramitación de toda solicitud de estas características, la Dirección no cuenta con toda la información para determinar los fines para los cuales se utilizará un determinado derecho, y si bien la memoria explicativa que se acompaña permite conocer el uso que se dará, ello noobliga al solicitante a ejercerlo en tal sentido, pudiendo perfectamente derivarlo a otro fin diverso, sin estar limitado por las declaraciones que haya efectuado durante la tramitación del mismo, conforme lo señala el artículo 6º del Código de Aguas. CUARTO: Que, en lo que respecta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se afirma que es la instancia llamada por ley para conocer delos fines para los cuales se proyecta una determinada obra o actividad, conforme lo expresa el artículo 10 letra p) de la Ley Nº 19.300, destacando que así lo ha entendido la propia Corte Suprema en los autos Rol Nº 6397-2008, estableciendo que el desarrollo de actividades comerciales en Parques Nacionales se encuentra ajustado a derecho en cuanto dicha actividad haya sido debidamente sometida alS.E.I.A., para concluir sosteniendo que es perfectamente posible realizar proyectos u obras en áreas protegidas, por lo

que mal podría concluir que existe impedimento legal para constituir derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para su debido desarrollo, de lo que lógicamente se deriva que, a su juicio, no existe fundamento legal alguno que autorice a la DGA a denegar una...