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• Caso 1: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia de 24 de agosto de 2011, dirimió un conflicto de competencia entre un resguardo indígena y Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Quibdó, asignando la competencia al juzgado. Se presenta acción de tutela contra la decisión del Consejo Superior ante el Tribunal Superiorde Quibdó quien concedió la tutela por violación del debido proceso. En segunda instancia se discute la competencia del Tribunal para fallar este caso. Responda bajo el criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Consejo de Estado:

Esta Corporación, al estudiar la legalidad del decreto 1382 de 2000, consideró que la norma se ajustaba al ordenamiento jurídico, pues en loallí dispuesto se dictaron normas relativas al reparto de las acciones de tutela, y no se dispusieron normas respecto de la competencia, cargo por que el fue demanda la norma en ejercicio de la acción pública de nulidad.

En dicha providencia, el Consejo de Estado considero que la distribución de competencias en la acciones de tutela está dado por la misma Constitución, pues en el artículo 86claramente se aprecia que el constituyente no estableció limitación alguna, encargando a todos “los jueces” la guardia de los derechos fundamentales por medio del conocimiento de las acciones de tutela, al respecto dijo lo siguiente

“Para la Sala, el artículo 86 de la Carta encomienda a «los jueces» la protección de los derechos fundamentales, sin establecer regla alguna de competencia, tal como seadvierte en la expresión «juez competente», que emplea este artículo al instituir el derecho a la impugnación y que denota cómo el señalamiento de dichas reglas está deferido a otras normas jurídicas.”
Continua la sentencia indicando que en el inciso primero del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (norma con fuerza de ley) se reguló la competencia según el factor territorial, asignándola aprevención a los jueces del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza al derecho fundamental, por lo tanto, y como lo reconoce el mismo decreto demandado, pueden existir varios jueces competentes para conocer de una solicitud de amparo, motivo por el cual el decreto 1382 dispuso las reglas de reparto entre los distintos jueces que a la vez son competentes para conocer de una misma acción, normasque la Corporación considera necesarias para la correcta aplicación y decisión de dichas acciones, pues se respeta el principio de la desconcentración de la Administración de Justicia, además “…porque el reglamento respeta la competencia «a prevención» al facultar a los solicitantes para ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad.”
Estudiando la legalidad del inciso segundo delartículo primero del decreto mencionado, consideró la Corporación que era necesario confiar el conocimiento de las acciones de tutela presentadas contra las actuaciones de las Altas Cortes a ellas mismas, pues de lo contrario tales acciones u omisiones quedarían sustraídas de la acción, contrariando el artículo 86 de la Constitución, y si se confiase a un Juez diferente se violaría el artículo228 y el artículo 50 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia que proclaman el funcionamiento autónomo de las diversas jurisdicciones.
Finalmente termina discurriendo lo siguiente:
“…los jueces no pueden rechazar por incompetencia ninguna solicitud de tutela. Con esta disposición se garantiza el derecho a ejercer la acción en todo lugar, y el de escoger entre las diversasjurisdicciones. Desde luego que ni la Constitución ni la ley pueden interpretarse en el sentido de disponer que la solicitud de tutela sea resuelta por el Despacho que elija el reclamante, sin atender en absoluto al principio de desconcentración proclamado en el artículo 228 de la Carta, ni a la «proporcionalidad de cargas de trabajo» que según el inciso segundo del artículo 50 de la Ley Estatutaria resulta...