Abogado

Granada, Jorge Horacio s/Recurso de Hábeas Corpus

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte:

El recurso extraordinario del que se me corre vista se dirige contra la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que rechazó el recurso de hábeas corpus oportunamente interpuesto por la actora.

Relata el apelante que por medio del decreto2049/85 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la detención del Mayor Jorge Horacio Granada, así como también la investigación de los hechos que allí se aluden.

Posteriormente, continúa señalando, fueron dictados los decretos 2069/85 y 2070/85, el primero de los cuales declaró formalmente el estado de sitio en todo el territorio Nacional y el segundo dispuso nuevamente la detención delbeneficiario, invocando, esta vez, las facultades otorgadas al Presidente por el art. 23 de la Constitución Nacional.

I

En el escrito inicial destinado a impugnar esas medidas se cuestionó tanto la legitimidad del estado de sitio como la razonabilidad de la detención. El primero de dichos planteos, fue rechazado por el juez de primera instancia, quien admitió el segundo, por considerar que no existíarelación entre la situación que motivó la declaración de estado de sitio y las razones alegadas para ordenar la detención.

Habida cuenta de que el agravio relativo a la legitimidad de la declaración del estado de sitio no se mantuvo en las siguientes instancias, la cuestión a resolver en ésta se limita a la determinación de los alcances de las facultades del Poder Judicial para examinar lamedida dispuesta por el Poder Ejecutivo. Si bien el escrito en que se dedujo dicho recurso no exhibe la precisión deseable para un planteo de esta naturaleza, entiendo que la apelante propone una interpretación del texto del art. 49, inc. 2°, de la ley 23.098, según la cual, el control de la correlación entre la orden de arresto y la situación que dio origen a la declaración del estado de sitio suponeque, en cada caso, el Poder Ejecutivo debe definir concretamente las razones por las cuales fue ordenada la detención, y eventualmente acreditar su veracidad, de modo tal que los jueces puedan luego examinar, según su propio criterio, si se justifica o no la medida dictada. A mi juicio, la tesis sustentada por el recurrente se apoya en un análisis focal, que parte de la consideración aislada deltexto del referido inciso, desvinculándolo del resto del ordenamiento jurídico y que, además, desatiende la larga elaboración jurisprudencial y doctrinaria, que permite arribar a una inteligencia coherente con la forma en que la Constitución define la misión del órgano judicial cuando se trata de revisar los actos de los otros poderes. A mi modo de ver, las dos notas básicas de nuestro sistemaconstitucional que se vinculan más estrechamente con el tema en análisis son, por un lado; el principio general que hace derivar la legitimidad de toda autoridad de la voluntad popular y, por el otro, el que sustenta todas las disposiciones que crean límites tendientes a evitar la formación de poderes omnímodos.

Dicho de otra manera: todo poder proviene del pueblo, pero ese poder no puede serejercido en forma despótica, arbitraria o descontrolada. Dentro del delicado sistema de balances y contrapesos que articula la Constitución, al Poder Judicial se ha atribuido el rol de custodio de los principios permanentes del sistema de convivencia adoptado y, para que sus miembros puedan cumplir con eficacia la misión encomendada, se ha procurado asegurar su independencia garantizándoles lainamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sus remuneraciones.

En cambio, las atribuciones para dar solución a los problemas de la comunidad mediante normas generales y abstractas, o a través de decisiones concretas e individualizadas que atiendan de modo inmediato a la satisfacción del bien común, fueron conferidas a los órganos que se renuevan periódicamente por vía electoral, pues se entiende...