Accion Civil

HISTORIA DE LA ACCIÓN EN MATERIA CIVIL.
El concepto de acción se arrastra desde las fuentes romanas, donde, según la conocida definición de CELSO, nihil aliud est actio quam ius quod sibidebeatur iudicio pesequendi (D. XLIV 7,51). En la base de esta formulación.-prácticamente inalterada hasta el siglo XIX- latía una idea que llevaba a embeber la acción en el derecho: la acción no era otracosa que el mismo derecho en movimiento, el derecho a perseguir en juicio.
Sin embargo, al pasar el tiempo, se fue dando una particular relevancia y cierta autonomía al interés ligado a la tutela o defensa del derecho. El solo hecho de distinguir funcionalmente los dos momentos constituía un reconocimiento implícito de la autonomía conceptual de la acción, como el instrumento que seconcede al sujeto para proveer a la defensa de su derecho a través de la tutela jurisdiccional.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, la materia procesal se fue excluyendo de los tratamientos iusprivatistas; a partir de entonces el antiguo ius in iudicio persequendi acabó perteneciendo a otro «sistema» conceptual, al mundo del proceso que, si bien por susfines se consideraba aún un instrumento de garantía del Derecho privado, pertenecía como organización al Derecho público.
En tal estado de cosas surgió definitivamente la autonomía conceptual del derecho de acción, que parte de la polémica doctrinal sobre la actio y su aplicabilidad en el derecho moderno habida a mediados del pasado siglo entre WINDSCHEID y MUTHER. La acción aparece, pues,como un derecho autónomo, desligado, o diferenciado al menos, del derecho subjetivo material cuya tutela se pretende.
Históricamente, la acción ha sido estudiada sobre todo desde la perspectiva del Derecho privado, resultando desconocida en otros órdenes (penal, social, administrativo o constitucional), lo que se explica por la absoluta carencia de base normativa en algunos de ellos, o porla precaria consolidación científica de otras disciplinas jurídicas.
En la actualidad, es preciso modificar la óptica partiendo del reconocimiento constitucional del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión; derecho que ha de merecer, por supuesto, una oportuna salvaguarda ante cualquier tribunal y en todo ordenjurisdiccional.
El punto de partida en este análisis, aunque resulte tópico, ha de ser la prohibición estatal de autotutela y la correlativa asunción por el Estado del monopolio jurisdiccional y la defensa de los derechos. El Estado, primariamente para proveer a la resolución de los conflictos, establece unos órganos (los tribunales) que sólo pueden actuar (ejerciendo la potestad jurisdiccional)a instancia de un tercero que solicita su intervención.

El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales –que representa el parámetro normativo a utilizar- se salvaguarda, como veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer sobre el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, extendiéndose a su efectivocumplimiento, según acertada y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.
Se trata, por tanto, de un derecho fundamental -con la inherente tutela privilegiada que la propia Constitución le otorga- de ámbito más restringido que el derecho a una sentencia favorable (teoría concreta), pero de contenido más amplio que el derecho de simple acceso a -los tribunales, que resulta, naturalmente,implícito en el concepto enunciado.


DERECHO FUNDAMENTAL A OBTENER LA TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES:
Derecho de acceso a la jurisdicción: contenido: puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción: siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y...