Accion De Tutela

7se están vulnerando por parte de la SSSP. En primer lugar está el artículo 1 de laCarta Magna que impone al Presidente de la República y a los Organismos quedependen de El como a los Ministerios, Superintendencias y DepartamentosAdministrativos, el mandato de que el nuestro es un Estado Social de Derecho,organizado en forma de República Unitaria,
descentralizada,

con autonomía desusentidades territoriales
, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respetode la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran yen la prevalencia del interés general. Aquí vale la pena subrayar que es mandatoConstitucional de obligatorio cumplimiento para cualquier autoridad Nacional,
elrespeto de la autonomía territorial lo cual incluye a susorganismosdescentralizados
. Es en acatamiento de esa expresa reglamentación que la ley 142prevé un límite temporal de intervención para ambas modalidades, para laadministración y para la liquidación. Decir lo contrario la haría inconstitucional. Es así como el artículo 287 dispone que las entidades territoriales gozan de autonomía para lagestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y laley y en virtud deello tienen entre otros derechos, el de ejercer las competencias que les corresponden ygobernarse por autoridades propias. Así también el 311 sobre Régimen Municipaldefine que al Municipio como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determinela ley, construir las obras que demande el progreso local,ordenar el desarrollo de suterritorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural desus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley.Sin desconocer las competencias de los concejos municipales a los que el artículo 313les asigna la facultad de reglamentar las funciones y la eficiente prestación de losservicios a cargo delMunicipio.De otro lado, la misma Constitución en el artículo 259creó el voto programático, el cual impone a los Candidatos locales elegidos, elprograma de gobierno que presentó al inscribirse y en caso de que no cumplan con él,están sujetos a las acciones populares entre ellas la de la revocatoria directa delmandato. Pues bien, el Sr. Jorge Iván Ospina, actual Alcalde de Cali, incluyó en suprograma inscritoante la Registraduría denominado
“Para que Cali vuelva a serCali”
en el punto 2 literal d, lo siguiente: “Defensa del Patrimonio Público. Nuestrasacciones estarán regidas a partir del interés supremo de proteger el patrimonio públicocomo medio para el desarrollo integral y la equidad. Por eso se buscará que lasgrandes empresas públicas de Cali retornen a sus ciudadanos en condicionesdetransparencia, eficacia y eficiencia administrativa”. Este compromiso fue ratificadopor el Candidato en entrevista con el diario El País de Cali, un mes antes de suelección, el 18 de septiembre de 2007 en los siguientes términos: “A partir del 28 deoctubre adelantaré todas las gestiones para que Emcali vuelva a ser de los caleños,adelantaremos un plan de gestión empresarial alejado de la politiquería,para que laempresa a mediano plazo sea un músculo financiero que posibilite proyectos deinversión”. De conformidad con esa realidad, valdría la pena preguntarse si elGobierno Nacional no está dificultando con su accionar indefinido e indebido sobreEmcali el despegue de una nueva etapa en la gobernabilidad de la Ciudad con lo cualse ha comprometido el actual Alcalde Jorge Iván Ospina y su equipo degobierno. Delo visto hasta ahora se colige que existen razones jurídicas constitucionales y legalespara dar por terminada la intervención de la SSPD sobre Emcali, sin que desaparezcala facultad de la Superintendencia de vigilancia y control, y partiendo del compromisodel Señor Alcalde Jorge Iván Ospina contraído en su programa de gobierno deadministrarla en condiciones de transparencia, eficacia y...