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Páginas: 21 (5158 palabras)
Publicado: 16 de agosto de 2014
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “A”
Bogotá D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014).
Magistrada Ponente: Bertha Lucy Ceballos Posada
Radicación: 25 000 2336 000 2013 02235
Accionante: Alejandra del Pilar Céspedes García
Accionado: Procuraduría General de la Nación
ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia de primera instanciaLa Sala resuelve la tutela formulada por la accionante para la protección de su derecho a la participación política, que aduce vulnerado en razón de la decisión sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde Mayor de Bogotá.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de tutela
La señora Céspedes García indicó que en las elecciones para alcalde Mayor de Bogotá realizadasel 30 de octubre de 2011 ejerció su derecho al voto a favor del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, quien fue electo y actualmente ejecuta su plan de gobierno.
No obstante, el pasado 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación informó que el alcalde fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, como resultado de una investigacióndisciplinaria que se adelantó en su contra.
La accionante adujo que dicha decisión vulnera su derecho fundamental a la participación política porque le impide al Alcalde Mayor continuar en el cargo para el cual fue elegido por votación popular, incluyendo el voto de ella.
Agregó que el procedimiento disciplinario no es de carácter judicial, por lo que el Procurador General de la Nación no tienecompetencia para ordenar el retiro del alcalde.
Señaló que si bien la Constitución Política y el Código Disciplinario Único le otorgan al Procurador General de la Nación la competencia para destituir e inhabilitar a los servidores públicos, este debe ceñirse a los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad que como tal, prevalecen en el orden interno.
Reiteróque la Corte Constitucional, al realizar el examen de constitucionalidad de la Ley 796 de 20031, destacó el cumplimiento del principio pacta sunt servanda en tanto las obligaciones del estado colombiano se circunscriben a las adquiridas con los organismos internacionales; por lo que solo mediante sentencia penal ejecutoriada puede darse una limitación, restricción o suspensión en el ejercicio delos derechos políticos de los servidores públicos elegidos popularmente2, como garantía al debido proceso y el derecho de defensa.
Precisó que acudió a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras acude ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual solicitó ordenar al Procurador General de la Nación que aplique el artículo 23 de laConvención Americana de Derechos Humanos y dejar sin efectos la sanción disciplinaria impuesta por dicha autoridad al señor Gustavo Petro Urrego (fls. 1-17).
1.2. Trámite procesal
La tutela fue radicada en esta Corporación el 19 de diciembre de 2013 y una vez recibida en el despacho sustanciador, se admitió mediante auto de la misma fecha (fl. 11) en el que se negó la medida provisionalindicada en la solicitud de tutela. Esta providencia se notificó personalmente a la accionada el 13 de enero de 2014 (fl. 13), la cual oportunamente rindió el correspondiente informe (fls. 14 a 31). Mediante auto del 16 de enero de 2014 se decretó una prueba documental solicitada por la accionada (fl. 39) 3, y el 21 siguiente se dispuso recaudar la copia íntegra del acto administrativo atacado.1.3. Oposición
El apoderado de la Procuraduría General de la Nación resaltó que la legitimación de la accionante depende de que se pruebe que ejerció su derecho al voto.
Señaló que la tutela es improcedente porque está dirigida a dejar sin efectos el fallo disciplinario, cuando la accionante puede actuar como coadyuvante o interviniente en el proceso que llegare a adelantar el afectado ante...
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “A”
Bogotá D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014).
Magistrada Ponente: Bertha Lucy Ceballos Posada
Radicación: 25 000 2336 000 2013 02235
Accionante: Alejandra del Pilar Céspedes García
Accionado: Procuraduría General de la Nación
ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia de primera instanciaLa Sala resuelve la tutela formulada por la accionante para la protección de su derecho a la participación política, que aduce vulnerado en razón de la decisión sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde Mayor de Bogotá.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de tutela
La señora Céspedes García indicó que en las elecciones para alcalde Mayor de Bogotá realizadasel 30 de octubre de 2011 ejerció su derecho al voto a favor del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, quien fue electo y actualmente ejecuta su plan de gobierno.
No obstante, el pasado 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación informó que el alcalde fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, como resultado de una investigacióndisciplinaria que se adelantó en su contra.
La accionante adujo que dicha decisión vulnera su derecho fundamental a la participación política porque le impide al Alcalde Mayor continuar en el cargo para el cual fue elegido por votación popular, incluyendo el voto de ella.
Agregó que el procedimiento disciplinario no es de carácter judicial, por lo que el Procurador General de la Nación no tienecompetencia para ordenar el retiro del alcalde.
Señaló que si bien la Constitución Política y el Código Disciplinario Único le otorgan al Procurador General de la Nación la competencia para destituir e inhabilitar a los servidores públicos, este debe ceñirse a los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad que como tal, prevalecen en el orden interno.
Reiteróque la Corte Constitucional, al realizar el examen de constitucionalidad de la Ley 796 de 20031, destacó el cumplimiento del principio pacta sunt servanda en tanto las obligaciones del estado colombiano se circunscriben a las adquiridas con los organismos internacionales; por lo que solo mediante sentencia penal ejecutoriada puede darse una limitación, restricción o suspensión en el ejercicio delos derechos políticos de los servidores públicos elegidos popularmente2, como garantía al debido proceso y el derecho de defensa.
Precisó que acudió a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras acude ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual solicitó ordenar al Procurador General de la Nación que aplique el artículo 23 de laConvención Americana de Derechos Humanos y dejar sin efectos la sanción disciplinaria impuesta por dicha autoridad al señor Gustavo Petro Urrego (fls. 1-17).
1.2. Trámite procesal
La tutela fue radicada en esta Corporación el 19 de diciembre de 2013 y una vez recibida en el despacho sustanciador, se admitió mediante auto de la misma fecha (fl. 11) en el que se negó la medida provisionalindicada en la solicitud de tutela. Esta providencia se notificó personalmente a la accionada el 13 de enero de 2014 (fl. 13), la cual oportunamente rindió el correspondiente informe (fls. 14 a 31). Mediante auto del 16 de enero de 2014 se decretó una prueba documental solicitada por la accionada (fl. 39) 3, y el 21 siguiente se dispuso recaudar la copia íntegra del acto administrativo atacado.1.3. Oposición
El apoderado de la Procuraduría General de la Nación resaltó que la legitimación de la accionante depende de que se pruebe que ejerció su derecho al voto.
Señaló que la tutela es improcedente porque está dirigida a dejar sin efectos el fallo disciplinario, cuando la accionante puede actuar como coadyuvante o interviniente en el proceso que llegare a adelantar el afectado ante...
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