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Por: Ab. Paúl Peña Núñez
1. INTRODUCCIÓN:
La Constitución del Ecuador del 2008, trae cambios fundamentales respecto de la vida de los ecuatorianos y la institucionalidad estatal, uno de estos cambios es el desarrollo de la justicia constitucional y garantías, lo cual va de la mano con la materialidad de los derechos y la trasformación de la institucionalidad hacia la protección de losderechos..[1]
El artículo 1 de la Constitución del Ecuador, señala que “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia…”. Al analizar el Estado de justicia que consagra nuestra Carta Magna, el Dr. Ramiro Ávila señala que “La justicia es un término polisémico; tiene tantos significados cuantas aplicaciones se pueda imaginar”[2] . El Dr. Ramiro Ávila, al referirse a la justicia, cita a Ninoy establece que al aplicar el derecho, el resultado debe ser la realización de la justicia.
El Dr. Luis Fernando Ávila Linzán, al referirse al Estado de justicia, señala que dicho Estado se podría explicar “a partir del nuevo diseño de la administración de justicia que convierte a los jueces en creadores de derecho y garantes de los derechos y horizontaliza la judicatura a partir de la igualdadde los jueces; a quienes corresponde una análisis judicial individual eficiente (justicia restaurativa) y la preeminencia del litigio con incidencia social (justicia distributiva)”. Igualmente cita una sentencia de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que señala que el Estado de derecho y justicia “hace referencia a la obligación estatal de garantizar elacceso formal y material, a la justicia”[3]
La Constitución ecuatoriana a partir del artículo 167, ha incorporado el denominado sistema de justicia o sector de justicia, que “se refiere a la estructuración de los diferentes organismos estatales que tienen un rol determinado respecto de la justicia, a través de competencias de subordinación, coordinación y autonomía”.[4]En este sentido las competenciasde subordinación corresponden al Consejo Nacional de la Judicatura, las competencias de autonomía a la Defensoría Pública y al Ministerio Público, y las competencias de coordinación a la ley, pues la Constitución guarda silencio al respecto.  
Antes de referirnos a la organización del sistema de justicia establecida en la Constitución y a los principios que rige la administración de justicia yla función judicial, es preciso referirnos a lo que autores como Luis Fernando Ávila han denominado como la “despartidización de la justicia” (la meritocracia). Según los autores la nueva Constitución del Ecuador, ha establecido un sistema de méritos, para la elección de jueces y demás integrantes del sector de justicia, para de esa manera evitar que los partidos políticos y otros grupos deinterés, puedan interferir en las decisiones de los jueces, y se limita la participación y proselitismo político o religioso a los jueces al momento de ejercer sus cargos. [5]
Si bien, el sistema por méritos a nuestro juicio es un importante avance en el sistema de justicia, debemos evitar, caer en el elitismo, como bien lo señala el Dr. Ávila Linzán “mucho más en un país como Ecuador, donde la formaciónen el sistema educativo adolece de graves deficiencias, lo cual acentuaría la desigualdad social y privilegiaría el acceso a la judicatura de una élite educada y aristocrática, ajena por completo a la realidad social”.[6]
1. POTESTAD JURISDICCIONAL
El artículo 167 de la Constitución, establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la FunciónJudicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la constitución”. Esta norma está vinculada al artículo 1 inciso segundo de la Constitución pues “la administración de justicia es una manifestación de la soberanía, emana de ella y la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de toda autoridad...”[7]
2. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Los principios...