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Introducción
Es posible entender que la Administración Pública solo pueda realizar actos expresamente permitidos por la ley, incluso por una “norma” jurídica no necesariamente de rango legal(vinculación positiva); o que la ley configure un marco límite de actuación administrativa válida.
En cualquiera de los casos reseñados, la constitucionalización del Derecho Administrativo y de laprotección de Derechos como también la consagración del Estado Social y de Derecho, implican necesariamente que la Administración Pública se someta al interés general, que tienda a proteger el “bien común” yque preserve el “orden público” tanto si una norma específica lo ordena como si no. La legalidad, como principio regulador de la Administración, es usualmente contrastada por la discrecionalidad: esposible la realización de ciertos actos no específicamente ordenados por una norma. En ese esquema, si no existiera una norma habilitante, la Administración pudiera acudir al criterio de los principiosgenerales del Derecho para solucionar diferendos o normar su actuación. Se parte del criterio de que la jurisprudencia dominicana asume la ley como un límite externo dentro del cual la Administraciónpública puede desarrollar sus actividades sin necesidad de norma previa que condicione su validez, esto es, tendiendo a la vinculación negativa.
En ello juega un papel preponderante la presunción delegalidad de los actos de la Administración, existiendo constancia de que esa presunción debe ser destruida por quien recurre el acto, y en este caso la jurisprudencia parece tender hacia lavinculación positiva.
El desfase aludido es evidente en los conflictos potenciales y reales entre atribuciones penales y contencioso-administrativas, como forma de perseguir sobre la base de un mismo y solohecho, la conducta o el acto de un funcionario público: la variable cantidad de recursos o vías posibles afecta la tutela judicial efectiva, y con ello se afecta el Estado Social de Derecho y la...