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Palabras Clave: Prestaciones de salud / Menores

País: Argentina
Provincia: Córdoba
Autos: “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”
Instancia: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Jurisdicción: Federal
Fecha: 24/10/ 2000

RESUMEN

La CSJN considera que el Estado debe garantizaruna cobertura asistencial a todos los ciudadanos. Le corresponde al Ministerio de Salud y Acción Social, "articular y coordinar" los servicios asistenciales que prestan las obras sociales "en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país". A su vez la ley 24.431, de "protecciónintegral de las personas discapacitadas" obliga a asegurar los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa. Es por ello que el Tribunal entiende que es deber del Estado Nacional "proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, querespondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación..."

TEXTO COMPLETO

Que el Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la Secretaría de
Salud, es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y es también el organismo designado en la ley23.661 para llevar a cabo la política de medicamentos. En tal carácter, le corresponde "articular y coordinar" los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la ley 23.660, los establecimientos públicos y los prestadores privados "en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y …

Que la existencia de una obra social que deba cumplir elPrograma
Médico Obligatorio -resolución 247/96, MS y AS, no puede redundar en
perjuicio de la afiliada y menos aún del niño, pues si se aceptara el criterio de la recurrente que pretende justificar la interrupción de su asistencia en razón de las obligaciones puestas a cargo de aquella entidad, se establecería un supuesto de discriminación inversa respecto de la madre del menor que, amén de no contarcon prestaciones oportunas del organismo al que está asociada, carecería absolutamente del derecho a la atención sanitaria pública, lo que colocaría al Estado Nacional en flagrante violación de los compromisos asumidos en el cuidado de la salud.

Que, además, el niño se halla amparado por las disposiciones de la ley
24.431, de "protección integral de las personas discapacitadas" -a que adhirióla Provincia de


Córdoba- y ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de obra social a los que esté afiliado. Lo cual corrobora la sinrazón del acto de la autoridad pública que amenazó con grave riesgo sus derechos a la vida y la salud.

Que la resolución de la alzada ha sidosuficientemente explícita en
cuanto ha asignado a la demandada responsabilidad subsidiaria y ha dejado a salvo sus atribuciones para encauzar la entrega del medicamento con la urgencia y oportunidad que el caso exige, sin liberar al gobierno provincial o la obra social de sus obligaciones legales, y es inconcebible que puedan invocarse perjuicios derivados de las gestiones encomendadas en la sentencia, cuandoes el Estado Nacional el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud del niño y de asegurar la continuidad de su tratamiento. Que, finalmente, en cuanto a la objeción ley 23.661 instituyó el sistema nacional de salud con los alcances de un seguro social, "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los...