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Revisión de la Contraloría General de la República, del deber de abstención respecto de autoridades públicas en el proceso de evaluación de impacto ambiental.


Dictamen N° 34.935 de 01 de junio de 2011, de la Contraloría General de la República.

1) Antecedentes
Con fecha 1 de junio de 2011, y a petición de la Senadora Sra. Soledad Alvear Valenzuela, la Contraloría General de laRepública (en adelante, CGR) se ha pronunciado respecto de las inhabilidades que afectarían a ciertas autoridades en relación con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central termoeléctrica Cruz Grande”, y el que a ese minuto se encontraba en estado “desistido” del proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental.
2) Hechos y Argumentos
Los hechos que se abocan porla Senadora Alvear indican que el titular del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la referida central termoeléctrica (Abastecimientos CAP S.A.) contrató los servicios de una consultora ambiental denominada “Gestión Ambiental Consultores S.A.”, en la cual habrían prestado servicios los profesionales Sr. Ricardo Katz Bianchi, actual integrante del Consejo Consultivo del Ministerio delMedio Ambiente; Sr. Leonel Sierralta Jara, actual Jefe de división de la Subsecretaría del Medio Ambiente; Sr. Ignacio Toro Labbé, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la actual Ministra del Medio Ambiente, Sra. María Ignacia Benítez Pereira.
La Contraloría General de la República solicita a las personas mencionadas informar, donde, tanto la referida Secretaria deEstado, como el Director Ejecutivo del SEA señalan que es efectivo que los aludidos funcionarios participaron en el Estudio de Impacto Ambiental como consultores del mismo, pero que ninguno de ellos participa o ha participado, directa o indirectamente de dicho proceso en su calidad de servidores públicos. Asimismo, señalan que en caso de que una vez terminado dicho proceso se interponga alguno de losrecursos contemplados en los artículos 20 y 29 de la ley N° 19.300 en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) resultante y, por tanto, le corresponda a alguna de las personas aludidas pronunciarse en su calidad de empleados públicos, los mismos se abstendrán de participar tanto en el procedimiento de reclamación como en su resolución.
Respecto al rol de funcionarios públicos queostentan las personas sobre las que se cuestiona su participación en dicho proceso, cabe señalar que estos se deben regir en todo momento mientras dure su gestión y mantengan tal calidad laboral bajo la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual establece en su artículo 52 que:
“Las autoridades de la Administración del Estado, cualquieraque sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”, precisando en su artículo 62 N° 6, que contravendrá especialmente dicho principio, entre otras conductas, “Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que setenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”, luego de lo cual reitera la obligación de abstenerse de participar en estos asuntos y de poner en conocimiento de su superior jerárquico laimplicancia que les afecta.
Es preciso entonces ahondar en si las circunstancias y estado en que se encontraba el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental del proyecto al momento del Dictamen amerite y sea mandatorio que las personas señaladas cumplan con el deber de abstención analizado. De esta forma, el historial administrativo resumido de evaluación ambiental del proyecto...