competencia de los juzgados de primera instancia agraria y analisis de la sentencia de fedenaga

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Cátedra: Practica Jurídica III






Análisis de la sentencia (FEDENAGA) y competencias de los juzgados de primera instancia agraria.












Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. (FEDENAGA), 6 de febrero de 2002.
El ciudadano José Luis Betancourt R. Presidente dela Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA), asistido por la abogada Ligmar Landaeta de Gilly, interpuso ante el TSJ, el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el decreto con rango y fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Indicaron que las normas, contenidas en los artículos 40, 43, 82, 84, 25 y 89 del indicado Decreto legislativo, transgreden losderechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la separación de poderes, lo que acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos.
En lo que respecta al artículo 40 señalaron que tanto la notificación mediante cartel para lograr la comparecencia del propietario como el emplazamiento de los interesados debían realizarse a través de la Gaceta Oficial Agraria y no de formaparticular y personal al interesado, mecanismo que, en su criterio, no tenía la capacidad de llevar al conocimiento del mayor número de personas la existencia de un procedimiento, disminuyéndose así, con el indicado dispositivo, la posibilidad de que el afectado se enterase del proceso iniciado en su contra. En su criterio, una norma que respondiese a los principios básicos que garantizasen elderecho a la defensa, iniciaría el sistema notificatorio por el modo personal y, ante la imposibilidad de materializarla, recurrir posteriormente a la notificación por carteles. Concluyendo que era evidente que la norma denunciada, contenida dentro de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario violenta el principio constitucional del derecho a la defensa y como tal debe ser declarado nula.
En cuanto alarticulo 43 señalan los mismos puntos que están en el articulo 40 con el agravante de que, conforme a la norma contenida en el artículo 84, el lapso para dictar decisión en el proceso de expropiación agraria es de 20 días hábiles siguientes al vencimiento de la oportunidad de los informes, el cual, afirmaron, se integra con tres (3) días hábiles para su consignación, luego de vencido el lapsoprobatorio que dispone el artículo 83, lo que implica que, si no comparecen los interesados, la causa entra en estado de sentencia.
Al respecto, señalaron que “(...) la norma no crea para el juzgador la obligación de procurar que se ejercite el derecho a la defensa mediante la designación de un defensor ad litem, que garantice la defensa y asistencia jurídica en el proceso. Al negarse ladesignación del representante judicial ad hoc se le coarta el derecho a la defensa, entendiendo que este es un continente con relación a la asistencia jurídica que es un contenido” (Resaltado de la parte recurrente).
La Sala señalo que: a) De la constitucionalidad de los artículos 40 y 43
El procedimiento administrativo para la declaratoria de tierras ociosas o incultas es instruido por unos órganos decarácter administrativo, correspondiéndole a los mismos abrir una averiguación para determinar la existencia de elementos que llevasen a la convicción de que las tierras se encuentran ociosas o incultas, ordenándose para ello la elaboración de un informe técnico. Que, con el objeto de practicar la notificación del propietario de las tierras y a cualquier otro interesado en el procedimiento, elartículo 40 dispone la emisión de un cartel de emplazamiento, y que no obstante que la normativa impugnada no establecía expresamente la notificación personal al propietario, porque “en la mayoría de los casos pudiera ser no conocido”, la referida ley no prohibía la notificación personal, ya que el artículo 100 de la ley bajo análisis dispone que la ley que regule los procedimientos administrativos...