derechos humanos

Ahora que la actividad en el Congreso de la República empieza a desentramparse, ha cobrado fuerza la idea de retomar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Resulta curioso que,tratándose de una reforma tan importante, mucha de la discusión se esté centrando en el tema (complejo, sí, pero francamente secundario) de las cuotas por género para los puestos de elección popular.

Esmuy posible que el querer obligar a que la mitad de todos los candidatos a elección popular sean mujeres tenga la mejor de las intenciones: es innegable que históricamente Guatemala ha vivido unasituación de injusticia y discriminación hacia las mujeres (y hacia otros conglomerados sociales), por lo que la introducción de medidas que favorezcan a este grupo parece ser una forma rápida y efectivade construir una sociedad más justa.

Sin embargo, este tipo de medidas ya ha sido aplicado en otros lares sin que sus supuestos resultados positivos superen a los negativos. Las cuotas violan elprincipio elemental de que las decisiones de política pública deben ser ciegas ante la raza, sexo o religión de los ciudadanos implicados. Su aplicación implica que el propio estado estaría discriminandoa miembros de un conglomerado al otorgarles un tratamiento preferencial. Cuando las plazas de trabajo (incluyendo los puestos de elección popular) son repartidas con base en criterios distintos a lacapacidad y el mérito, las instituciones (y el Estado) se vuelven más incompetentes.

Aunque la política de cuotas empiece con la intención de favorecer a un colectivo específico, inevitablementetiende a expandirse a una gran diversidad de conglomerados que empiezan a clamar por un trato similar. Pronto estarán otros “colectivos” que agrupan a personas con diferente orientación sexual oidentidad de género pidiendo sus respectivas cuotas electorales, como también lo harán los grupos étnicos, los gremios, las personas con capacidades diferentes, y un largo etcétera.

Además, una vez...