ercolano agustin c lanteri de

Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, Julieta
SENTENCIA
28 de Abril de 1922
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Magistrados: Palacio. -- Figueroa Alcorta. -- Méndez -- Bermejo.
Id Infojus: FA22997815

TEXTO COMPLETO
Buenos Aires, abril 28 de 1922.

Considerando: En el curso de las instancias ordinarias de este juicio ha
sido impugnada laconstitucionalidad del art. 1 de la ley 11.157,
sosteniéndose a tal efecto que la reglamentación del precio de la locación,
que constituye el objeto del mencionado precepto legal, es incompatible
con el derecho de usar y disponer de la propiedad, con el principio de
inviolabilidad de la misma y con la prohibición de alterar las garantías
fundamentales con leyes reglamentarias, consignadasrespectivamente en
los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución. Siendo la decisión final recaída en
el pleito, adversa al derecho que el apelante fundó en las recordadas
cláusulas constitucionales, la jurisdicción de esta corte para revisar la
sentencia en el recurso extraordinario es incuestionable con arreglo a lo
estatuido en los art. 100 y 101 de la Constitución y en el art. 14, inc. 3° de
la ley 48.

Laley cuya validez se impugna prohíbe cobrar, durante dos años contados
desde su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos,
destinados a habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que
se pagaba por los mismos el 1° de enero de 1920. Dos cuestiones
fundamentales ha suscitado la aplicación de esta ley en el caso "sub lite".
En primer lugar, si la limitación impuesta alalquiler o renta de la propiedad
privada en virtud de reglamentación legislativa es compatible con el
derecho de usar y disponer de la propiedad que reconoce a todos los
habitantes de la Nación el art. 14 de la Constitución Nacional. En segundo
término, si tal restricción importa una privación de la propiedad sin
sentencia y sin la correspondiente indemnización, repugnante en
consecuencia al art.17 de la misma Constitución.

Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho
reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho
ilimitado sería una concepción antisocial. La reglamentación o limitación
del ejercicio de los derechos individuales es una necesidad derivada de la
convivencia social. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlocompatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los
intereses superiores de esta última. La misma Constitución ha consignado
limitaciones especiales respecto de algunos derechos; pero no siendo
posible prever ni establecer en ella todas las condiciones a que sería
menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha

confiado al poder legislativo la misión dereglamentar su ejercicio,
poniendo al mismo tiempo un límite a esa facultad reguladora (arts. 14 y
28). Hay restricciones a la propiedad y a las actividades individuales cuya
legitimidad no puede discutirse en principio, sino en su extensión. Tales
son las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad
colectivas; y hay asimismo otras limitaciones, como son las que tienden a
protegerlos intereses económicos, que no pueden aceptarse sin un
cuidadoso examen, porque podrían contrariar los principios de libertad
económica y de individualismo profesados por la Constitución. A esta
categoría corresponden las reglamentaciones de precios y de tarifas,
inspiradas en el propósito de librar al público de opresiones o tiranías de
orden económico. El derecho de usar y de disponer de lapropiedad
implica el de transmitirla o ceder su uso, el de celebrar todos los actos
jurídicos con ella relacionados y el de convenir libremente las
estipulaciones y cláusulas concernientes a tales actos. En principio, la
determinación del precio es una facultad privativa del propietario, un
atributo del derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su
libertad civil. El Estado no tiene...